Milei modifica por decreto el sistema para nombrar jueces de la Corte
El Gobierno firmó un DNU que elimina instancias previas de participación ciudadana y simplifica el procedimiento para cubrir vacantes en el máximo tribunal. También deja sin efecto criterios orientativos vinculados al género, la especialidad y la representación regional de los candidatos.
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron un decreto de necesidad y urgencia que introduce cambios en el mecanismo de designación de jueces de la Corte Suprema. La iniciativa, que será publicada en los próximos días, apunta a reducir los tiempos administrativos del proceso y a eliminar algunos requisitos establecidos hace más de dos décadas para la selección de los integrantes del máximo tribunal.
Desde la Casa Rosada sostienen que la medida busca agilizar la cobertura de vacantes y evitar procedimientos que consideran superpuestos. Rechazan, además, que la modificación implique una disminución de los estándares de transparencia en la designación de magistrados.
La reforma alcanza al decreto 222 de 2003, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que establecía una serie de mecanismos destinados a dar publicidad y participación ciudadana al proceso de selección de jueces de la Corte.
Hasta ahora, el Poder Ejecutivo debía difundir durante varios días los antecedentes de los postulantes tanto en el Boletín Oficial como en medios de circulación nacional. Además, organizaciones civiles, entidades profesionales y ciudadanos podían presentar observaciones o impugnaciones ante el Ministerio de Justicia dentro de un plazo determinado.
Con los cambios introducidos por el nuevo decreto, esa instancia administrativa previa desaparecerá. Según explicaron fuentes oficiales, las objeciones y apoyos a los candidatos continuarán canalizándose en el Senado, donde los pliegos deben atravesar audiencias públicas y reunir una mayoría especial de dos tercios para obtener aprobación.
En el Gobierno argumentan que el esquema vigente generaba una duplicación de procedimientos, ya que las observaciones realizadas ante el Ministerio de Justicia terminaban reproduciéndose durante el tratamiento legislativo. Por ese motivo, consideran innecesario mantener ambas etapas.
La nueva normativa también modifica la forma en que los aspirantes informan su situación patrimonial, fiscal y previsional. La intención oficial es unificar los criterios de presentación de datos personales y establecer plazos específicos para la intervención de organismos encargados de verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Asimismo, la publicación de antecedentes de los candidatos se trasladará a canales digitales oficiales, principalmente a través de la página web del Ministerio de Justicia, reduciendo los tiempos previstos en el esquema actual.
Otro de los puntos relevantes es la eliminación de las recomendaciones incorporadas en 2003 para que las postulaciones contemplaran aspectos como la diversidad de género, las distintas especialidades jurídicas y la representación de diferentes regiones del país. Aunque esos criterios no eran obligatorios, funcionaban como pautas orientativas para la conformación del tribunal.
La decisión generó atención entre organizaciones vinculadas a la transparencia institucional y el control de la gestión pública, que aguardan conocer el texto completo del decreto antes de emitir una evaluación definitiva.
El cambio se produce en un contexto de fuerte actividad oficial para cubrir cargos vacantes en la Justicia federal y nacional. En los últimos meses, el Ejecutivo remitió al Senado más de un centenar de pliegos de jueces y fiscales surgidos de concursos del Consejo de la Magistratura, y ya obtuvo acuerdos legislativos para decenas de ellos.
Al mismo tiempo, continúan abiertas las especulaciones sobre el futuro de la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres de los cinco miembros previstos por ley. El tribunal está integrado hoy por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Aunque Milei ha transmitido en distintas ocasiones su intención de avanzar con las vacantes después de las elecciones de 2027, dentro del oficialismo existen sectores que consideran posible iniciar antes ese proceso. Las modificaciones introducidas por el nuevo decreto alimentaron esas versiones y reavivaron el debate sobre la futura composición del máximo tribunal del país.