Avanza la desregulación del blanqueo mientras se demora la agenda previsional

El periodista económico Ismael Bermúdez señaló en su columna diaria para Radio Post cómo están las negociaciones en el Congreso en materia previsional. Además, adelantó que el Gobierno nacional prepara un cambio clave: eliminar el deber de los bancos de informar depósitos sospechosos en dólares no declarados.

El Gobierno nacional se encamina a flexibilizar aún más el camino para el ingreso de dólares no declarados al circuito financiero formal. Según trascendió, una de las modificaciones que se evalúan en el marco del nuevo esquema de blanqueo de capitales implicaría eliminar la obligación de los bancos de informar a la AFIP (ahora ARCA) sobre movimientos en dólares considerados inusuales o sospechosos. Así lo adelantó el periodista económico Ismael Bermúdez en su habitual columna para "Tenés que saberlo" por Radio Post.

Actualmente, dijo el periodista "si un cliente deposita una suma elevada de dólares en una cuenta bancaria y ese monto excede los parámetros de su actividad económica habitual, el banco debe reportar la operación como potencialmente sospechosa. Con esta eventual reforma, ese tipo de control quedaría desactivado, lo que representa un guiño explícito hacia los fondos en negro que podrían ser blanqueados".

Fuerte pulseada en el Congreso por los haberes previsionales

En paralelo, en la Cámara de Diputados se multiplican los proyectos legislativos para restituir la moratoria previsional derogada en marzo y para actualizar el bono de $70.000 pesos que permanece congelado desde ese mismo mes. Las iniciativas provienen de diversos bloques y, si bien aún no hay dictamen, se está trabajando para lograr un texto de consenso que permita sortear un eventual veto presidencial con el respaldo de dos tercios del Congreso.

Desde el oficialismo, sin embargo, se impulsa una estrategia alternativa: formar una comisión encargada de elaborar una nueva reforma previsional, una promesa incluida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y proyectada para 2026. Esta postura es interpretada por sectores opositores como una maniobra para dilatar cualquier avance concreto en favor de los jubilados.

Fallos judiciales reavivan el reclamo por la pérdida de poder adquisitivo

Mientras tanto, la Justicia federal continúa fallando a favor de los jubilados que demandan una compensación por la pérdida de ingresos sufrida entre enero de 2021 y comienzos de 2024, período signado por una inflación galopante y ajustes por debajo de los precios.

En los últimos meses se sumaron sentencias favorables en Córdoba, Mendoza, Salta y Mar del Plata, que reconocen que los haberes jubilatorios se deterioraron entre un 30 y 35% en ese lapso, sin que el Estado aplicara medidas reparadoras. Todos los fallos están siendo apelados por la ANSES, pero crece la expectativa de que la Corte Suprema convalide este criterio, consolidando una jurisprudencia que podría impactar sobre miles de casos.

"Ya van cuatro Cámaras Federales que han fallado a favor de los jubilados, se espera que la propia Corte este avale esa jurisprudencia y finalmente se otorgue algún grado de reparación a las pérdidas tan fuertes que sufrieron los jubilados prácticamente en los últimos 8 años porque también hubo pérdidas muy importantes durante el gobierno de Mauricio Macri", indicó.

El trasfondo de este escenario es la resistencia del Gobierno a reconocer retroactividades o ajustes que impliquen un mayor gasto fiscal, en un contexto donde se prioriza el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, el malestar de los jubilados y la presión parlamentaria podrían escalar en las próximas semanas, marcando una nueva fase de tensión entre la Casa Rosada y uno de los sectores más vulnerables de la población.

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Editó: Carina Pérez

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