Qué dijo el mendocino que llevó el clamor de las constructoras al Congreso

La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación se reunió, esta semana, en su totalidad y contó con la participación de diversos referentes del sector de la construcción con el fin de tratar la situación de la obra pública. En este marco, el empresario mendocino Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), estuvo entre los invitados y fue uno de los oradores. El objetivo fue plantear la compleja situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del sector debido al freno de la obra pública y a los certificados que todavía no se pagan.

En un encuentro de más de dos horas de duración con legisladores y empresarios, Fernández agradeció el interés que genera la situación del sector al tiempo que subrayó que las pymes se encuentran en un estado prácticamente desesperante y al borde del cierre. Los últimos datos del Indec muestran que la construcción se derrumbó en marzo un 42% en la comparación interanual ya que no solo están frenadas las obras públicas sino también las privadas. En este contexto, Fernández pidió que se cumplan los compromisos asumidos así como igualdad de condiciones para competir como base para sustentar la seguridad jurídica que tanto se anhela.

Es importante recordar que el freno de la obra pública no sólo ha implicado que se deje de hacer debido a que no hay fondos, según ha insistido el Gobierno nacional. El problema principal es que no se han pagado las obras que sí se realizaron, que presentaron certificados de obra aprobados en función de las inspecciones y auditorías de rutina. De este modo y según la zona del país, hay empresas a las que se les deben obras acreditadas en agosto, septiembre, octubre o noviembre. "Las compañías tuvieron que hacer frente a sus obligaciones fiscales sin haber cobrado y, muchas, hasta pagar impuesto a las Ganancias por certificados de obra emitidos, que nunca se pagaron", sumó el presidente de la CPC.

La incertidumbre y la absoluta falta de respuestas por parte de funcionarios y Gobierno en general hacen que las pymes no vean una salida al tiempo que se les cierran las alternativas. Es que la baja de las obras concretada por la Nación, se replica en las provincias y municipios con tenores diversos según el punto del país en que se encuentre. Esto no solo afecta a las empresas que, debido a que no se han dado de baja las obras en cuestión, todavía son responsables por lo que sí está construido. En este caso, muchas deben abonar entre tres y cinco millones de pesos en seguros, seguridad y mantenimiento con el objetivo de que no se pierda lo que está levantado y pertenece a todos los argentinos.

Esta situación, explicó Fernández, implica para una pyme ir directamente el cierre para abandonar obras que luego serán vandalizadas o robadas a costo de las empresas que -sin mediar palabras ni leyes todavía- todavía están a cargo de las empresas. Esto se suma a que la mirada economicista de la obra pública deja de lado el hecho de que se trata de una inversión que se multiplica más allá de la obra en sí. "La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicitó que en el mundo civilizado por cada dólar de inversión que un estado hace en infraestructura, se ahorra 38 en otras áreas con especial foco en salud", comentó Fernández para quien habría que ver si el "ahorro" actual no implicará un mayor gasto en el futuro.

Sin salidas

Este complejo panorama tiene otras derivaciones que el presidente de la CPC pidió atender lo más rápido posible. El primero es las consecuencias en el desempleo y en la situación social general debido a la imposibilidad de sostener las obras que daban trabajo a muchas personas con calificación media o baja. En marzo y según la Uocra se perdieron en el sector al menos 80.000 puestos de trabajo directo. Esto sin contar la cantidad de indirectos que la construcción crea a su alrededor y que se calcula en dos empleos por uno directo. Si bien las obras grandes de infraestructura como las rutas o puentes son tan importantes como las de arquitectura como viviendas y escuelas, son esas últimas las que forman el 70% de la mano de obra pública en general.

La otra situación compleja que se suma a lo que sucede con la obra pública impaga y frenada se encuentra en el sector privado. "La situación de la obra pública es catastrófica pero la de la privada no es mejor", sintetizó Fernández. En la actualidad, las inversiones y desarrollos inmobiliarios están frenados a la espera de reglas más claras y mayor certidumbre lo que ahoga aún más a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. "Estamos en una situación muy violenta ya que no hay obras, no se puede vender porque se va a pérdida y el ajuste por todos lados nos impide transformarnos para un lado o para otro", dijo el dirigente de la CPC. "Las pymes no nos quejamos, pero pedimos igualad ante la ley para poder competir", reclamó Fernández.

En este marco, el presidente de la Confederación de Constructores explicó que el Gobierno Nacional ha incurrido en incumplimiento de contratos vigentes al no pagar los certificados realizados y que eso implica una estafa contra la buena fe de las compañías. "La política y todos hablan de seguridad jurídica, pero esta situación claramente atenta contra ese anhelo", apuntó el dirigente. Y volvió a hacer hincapié en que todas las salidas están cerradas ya que ni la Nación ni las provincias ni los municipios ni los inversores privados tienen proyectos de corto, mediano o largo plazo. De allí el ahogo y desesperación de las constructoras.