¿Empezó la temporada de medidas de corte electoral?

El periodista económico Ismael Bermúdez explicó en su habitual columna para Radio Post los alcances del DNU para mediar en conflictos judiciales entorno al sector salud; además resaltó que el Gobierno tiene la mira en las elecciones legislativas y por eso, desde ahora tomará medidas más "electorales".

En medio de un año electoral marcado por el ajuste y la conflictividad social, el Gobierno nacional emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impone una instancia de mediación obligatoria antes de que pacientes puedan presentar demandas judiciales contra obras sociales y empresas de medicina prepaga por falta de cobertura médica.

La decisión apunta a descomprimir un sistema de salud tensionado por el aumento de reclamos judiciales, muchos vinculados a tratamientos de alta complejidad y medicamentos de alto costo que no son cubiertos por las prestadoras. Según explicó el periodista Ismael Bermúdez en Radio Post, el Ejecutivo detectó "una avalancha de amparos" y busca ordenar la situación mediante un mecanismo previo de negociación entre partes.

La medida también responde a denuncias del sector privado, que advirtió sobre la existencia de "una industria del juicio" motorizada por estudios jurídicos que promueven litigios incluso por insumos no esenciales, como elementos ortopédicos de última generación. Esta situación habría saturado a la Justicia y agravado el malestar entre pacientes y prestadoras.

Con esta nueva instancia de mediación, el Gobierno pretende agilizar las respuestas a los pacientes y, al mismo tiempo, contener los costos para las empresas. "La Justicia no siempre puede responder a los tiempos que impone una urgencia médica, y litigar tampoco es gratis: hay que pagar abogados y esperar fallos", sostuvo Bermúdez.

El trasfondo económico también es clave. Tras la desregulación del año pasado, las cuotas de las prepagas aumentaron bruscamente, lo que obligó a muchos afiliados a cambiar de plan o directamente abandonar la medicina privada. Al mismo tiempo, la suba de los costos médicos impactó en las obras sociales sindicales, que arrastran serios problemas financieros.

En ese contexto, el DNU también cumple una función política: evitar nuevos focos de conflicto social en un momento sensible para el oficialismo, que apuesta a una baja de la inflación y cierta estabilidad económica como carta electoral. Según Bermúdez, "todas las medidas económicas que se vienen estarán subordinadas al calendario electoral", y esta iniciativa no es la excepción. El Gobierno necesita reforzar su bancada parlamentaria en las elecciones de septiembre y octubre, y busca mostrar gestión y control en áreas sensibles como la salud.


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