Dólares del colchón: qué propone la nueva ley enviada al Congreso

Con la mira puesta en los cerca de USD 200.000 millones que, según estimaciones oficiales, los argentinos guardan fuera del sistema financiero, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que propone una profunda reforma de la legislación penal tributaria y fiscal. La iniciativa apunta a incentivar que los contribuyentes regularicen su situación con beneficios impositivos y una menor carga penal.

Impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), Juan Pazo, y el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, el texto ya comenzó a circular en la Cámara de Diputados. Aunque el oficialismo todavía no tiene garantizados los votos para su aprobación, se barajan posibles acuerdos parlamentarios.

Más recaudación, menos castigo

Uno de los ejes del proyecto es la actualización de los montos mínimos para considerar una conducta como delito penal tributario, lo que en la práctica despenalizaría numerosos casos que hoy se judicializan. Por ejemplo, la evasión simple pasaría de un umbral de $1,5 millones a $100 millones, y la utilización de facturas truchas, de $1,5 millones a $100 millones.

Además, se propone un cambio sustancial en el enfoque: permitir extinguir la acción penal incluso después de una denuncia, si el contribuyente paga la deuda, los intereses y un recargo del 50%. Hasta ahora, esta posibilidad solo existía si se regularizaba antes de que la causa penal se iniciara.

También se elimina el beneficio de "reparación integral" como vía para frenar la causa penal, con el objetivo de acelerar los procesos judiciales y evitar maniobras dilatorias.

Menos burocracia para los cumplidores

Otro punto clave del proyecto es la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, orientado a personas físicas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones. No podrán acceder los considerados grandes contribuyentes.

Este nuevo régimen ofrecerá una declaración jurada prearmada por ARCA, que tendrá efecto liberatorio si se acepta y paga en término. Es decir, el Fisco no podrá reclamar nada más por ese período, salvo que detecte omisiones graves, deducciones indebidas o uso de documentación apócrifa.

Más incentivo para el que cumple

La iniciativa incluye beneficios concretos para los contribuyentes que están inscriptos y presentan sus declaraciones en tiempo y forma. Por ejemplo, en materia tributaria, la prescripción de las acciones del fisco bajará de 5 a 3 años, y en seguridad social, de 10 a 5 años.

También se elimina una prerrogativa que tenía el Estado: la posibilidad de suspender por 120 días la prescripción cuando notificaba acciones fiscales cerca del vencimiento. Ahora, los plazos deberán cumplirse sin interrupciones.

Actualización de sanciones

El proyecto actualiza también las escalas de multas y sanciones por incumplimientos formales, que en muchos casos se multiplican por 100 o más. Por ejemplo, una multa mínima que hoy es de $200 pasará a ser de $220.000.

Dólares afuera, pesos adentro

En términos políticos y económicos, la apuesta del Gobierno es clara: recuperar parte de los dólares que hoy están fuera del sistema para recomponer la base monetaria, estimular el crédito y facilitar una eventual salida del cepo. Para eso, el Ejecutivo ofrece una especie de "ventana de oportunidad" para quienes quieran sincerar sus activos, sin ser penalizados.

De aprobarse, esta ley podría generar un efecto blanqueo sin necesidad de crear un nuevo régimen de exteriorización, aliviando la presión sobre el sistema financiero y el tipo de cambio.

• Actualización de montos para tipificar delitos tributarios

  Se aumentan los umbrales económicos a partir de los cuales una conducta se considera delito fiscal. En muchos casos, se multiplica por 100 el monto mínimo.

  • Evasión simple: de $1,5 millones a $100 millones.

  • Evasión agravada: de $15 millones a $100.000 millones.

  • Facturas apócrifas: de $1,5 millones a $100 millones.

  • Evasión de aportes de Seguridad Social: de $200.000 a $7 millones (simple) y de $1 millón a $35 millones (agravada).