Presupuesto 2026: El Ejecutivo blinda el gasto con un esquema de control centralizado
A través de una nueva normativa, el Gobierno estableció reglas de hierro para la distribución de partidas y cargos. El jefe de Gabinete y la Secretaría de Hacienda tendrán la última palabra sobre cada movimiento de fondos, mientras que las empresas públicas y los organismos de inteligencia quedan sujetos a una vigilancia trimestral estricta.
El Poder Ejecutivo nacional puso en marcha el engranaje administrativo de la Ley N° 27.798, oficializando este martes cómo se repartirán los recursos estatales durante el presente ejercicio. La medida no solo asigna montos, sino que redefine la arquitectura de decisiones dentro del Estado, priorizando la centralización administrativa y la transparencia fiscal.
El Gobierno logró la aprobación del Presupuesto 2026
A diferencia de ejercicios anteriores, la Jefatura de Gabinete asume un rol de cirujano sobre el erario público. Tendrá la facultad de segmentar los créditos hasta su mínima expresión, permitiendo un seguimiento quirúrgico de los programas. Esta lógica de control se extiende también al empleo público: para cubrir cualquier vacante, los organismos deberán demostrar que el puesto está vacío y que cuentan con el respaldo financiero específico.
Además, se elimina la autonomía en la creación de cargos jerárquicos. Cualquier modificación en las estructuras ejecutivas requerirá el visto bueno de las secretarías de Transformación del Estado y de Hacienda, con la firma final del Presidente.
Freno a la discrecionalidad en empresas y obras
La nueva normativa pone orden en el flujo de dinero hacia las empresas públicas no financieras. Para evitar el desorden contable, todos los fondos deberán canalizarse exclusivamente a través de la partida "Obligaciones a cargo del Tesoro". El condicionante es claro: si la empresa no está al día con sus deberes administrativos y legales, el desembolso no se ejecuta.
El mercado proyecta una inflación para 2026 que duplica la meta oficial
En cuanto a la infraestructura, el Gobierno ha impuesto un "filtro técnico". Ningún organismo podrá licitar obras o adquirir bienes de uso sin un dictamen de viabilidad satisfactorio emitido por la Dirección Nacional de Inversión Pública.
Calendario de pagos y sanciones por falta de datos
El flujo de fondos hacia el Tesoro Nacional se organizó en un esquema de cuatro vencimientos trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre de 2026). Por otro lado, la Secretaría de Hacienda ha implementado una herramienta de presión para garantizar la rendición de cuentas:
Informes trimestrales: Los organismos deben reportar la evolución de sus plantas de personal.
Informes de gestión: Se deben detallar los avances físicos y metas alcanzadas de cada programa.
Sanciones: Ante demoras injustificadas en la entrega de información, Hacienda está facultada para bloquear las órdenes de pago del organismo incumplidor.
Seguridad y flexibilidad
Un capítulo aparte merecen los gastos de inteligencia. Cualquier reprogramación de fondos en esta área queda bajo el veto de la SIDE, cuya autorización será requisito indispensable para cualquier cambio.
Finalmente, la normativa permite cierta agilidad frente a la coyuntura, definiendo algunas partidas como "indicativas", lo que otorga un margen de maniobra para ajustar montos de deuda o servicios según las necesidades financieras que surjan durante el año.
