Desde febrero suben los impuestos a la nafta y el gasoil

El Gobierno nacional volvió a modificar la carga impositiva sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, una decisión que impactará en los precios de la nafta y el gasoil a partir de febrero. La medida quedó formalizada en el decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece una actualización parcial de los tributos con el objetivo de moderar el efecto en los surtidores.

En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo explicó que, "con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", resolvió diferir parte de los incrementos pendientes derivados de las actualizaciones previas.

El nuevo esquema fija que, para los hechos imponibles que se produzcan entre el 1 y el 28 de febrero, los impuestos aumentarán con una escala precisa por litro. En el caso de la nafta sin plomo de hasta 92 RON, la de más de 92 RON -conocida como súper- y la nafta virgen, el impuesto se incrementará en $16,773 por litro. A esto se suma el gravamen al dióxido de carbono, que subirá $1,027 por litro.

Para el gasoil, el ajuste será de $14,372 por litro en el impuesto principal. En las zonas con tratamiento diferencial, como la Patagonia y otros puntos del interior, se aplicará un adicional de $7,782 por litro, mientras que el componente vinculado al dióxido de carbono se elevará $1,638 por litro.

La decisión se inscribe en una serie de postergaciones previas. En agosto de 2025, el Gobierno había diferido la aplicación de los incrementos correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025, fijando como nueva fecha el 1° de febrero de 2026. En el mismo decreto ahora publicado, también se modificó la siguiente etapa de aumentos, que pasó del 1° de febrero al 1° de marzo, según lo dispuesto en el artículo tercero.

La normativa mantiene, además, un régimen especial para el gasoil consumido en determinadas regiones del país, entre ellas Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Partido de Patagones, en Buenos Aires, y el departamento de Malargüe, en Mendoza.

El marco legal de estas actualizaciones se apoya en la Ley 23.966, que regula los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono y establece un mecanismo de ajuste trimestral de los montos fijos según la inflación medida por el INDEC. Según la legislación vigente, esas correcciones deberían aplicarse en enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia las variaciones acumuladas desde enero de 2018. "Los referidos montos fijos se actualizasen por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC)", señala el texto oficial.

Sin embargo, durante 2025 el Ejecutivo optó por frenar la aplicación plena de ese esquema automático. De acuerdo con distintos informes, la política de autorizar solo aumentos parciales para evitar saltos bruscos en los precios finales implicó para el Estado resignar ingresos por USD 2.326 millones a lo largo del año.

La última actualización, aplicada en diciembre, generó por sí sola una merma recaudatoria de USD 173 millones en ese mes, según datos de la consultora Economía y Energía (EyE). Ese registro anual ilustra la magnitud del esfuerzo fiscal realizado para contener el traslado total de los impuestos al precio en surtidor, aunque también amplió la brecha entre el nivel legal del tributo y lo efectivamente cobrado.

Pese a que la ley prevé ajustes trimestrales automáticos ligados al IPC nacional, el Gobierno volvió a recurrir ahora a un esquema gradual, habilitando solo una parte de las subas y trasladando el resto de los incrementos a etapas posteriores.