El mayor proyecto cuprífero del país enfrenta trabas regulatorias antes de iniciar su construcción
La iniciativa Vicuña, que prevé una inversión de más de US$7100 millones en San Juan, quedó en el centro de una disputa por la ampliación de la red eléctrica que necesita para operar. La provincia cuestionó el esquema de acceso prioritario a la infraestructura y pidió una audiencia pública.
El desarrollo del mayor proyecto de cobre previsto en la Argentina todavía no comenzó a construirse y ya enfrenta una controversia regulatoria. Se trata del proyecto Vicuña, una iniciativa minera en San Juan que demandará al menos US$7100 millones de inversión, pero cuyo cronograma podría verse demorado por un conflicto en torno a la infraestructura eléctrica necesaria para su funcionamiento.
El emprendimiento integrará los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, dos de los mayores depósitos cupríferos ubicados en la cordillera de los Andes, a más de 4200 metros de altura. Para operar a esa escala, las empresas prevén desarrollar un esquema energético que incluye nuevas líneas de transporte eléctrico de media y alta tensión que permitan conectar el complejo minero con el Sistema Argentino de Interconexión.
Actualmente, las actividades en la zona -campamentos y tareas de exploración- funcionan mediante generadores alimentados con gasoil, combustible que es trasladado en camiones por YPF hasta el sitio. Los tanques de almacenamiento tienen capacidad para 330 metros cúbicos, lo que permite sostener alrededor de dos semanas de operación.
El plan eléctrico del proyecto
Para resolver el abastecimiento energético a largo plazo, la compañía presentó ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) una solicitud para ampliar la red de transporte eléctrico. La demanda inicial del proyecto se estima en 260 megavatios (MW).
El plan contempla readecuar estaciones transformadoras existentes y construir unos 220 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, obras cuyo costo se calcula entre US$400 millones y US$500 millones.
La empresa se haría cargo del financiamiento de esta infraestructura. A cambio, solicita prioridad de uso sobre el 90% de la capacidad adicional generada, durante un plazo de al menos 25 años, un período que coincide con la vida útil estimada del proyecto.
Este mecanismo se apoya en una normativa reciente que permite a industrias con alto consumo eléctrico -como la minería- financiar ampliaciones de la red y, como contraprestación, acceder prioritariamente a la capacidad que generen esas obras.
La objeción de San Juan
Sin embargo, el esquema generó resistencia a nivel provincial. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE) presentó una oposición formal ante el ENRE, cuestionando la solicitud desde el punto de vista procedimental, técnico y jurídico.
El organismo pidió que el regulador nacional se abstenga de autorizar la ampliación hasta que se realice una audiencia pública y argumentó que el proyecto podría apropiarse de una porción excesiva de la capacidad futura del sistema.
Según el EPRE, la reserva del 90% de la capacidad remanente podría interpretarse como un uso abusivo del derecho de acceso al sistema de transporte eléctrico, ya que priorizaría un interés privado sobre el interés general del sistema energético provincial.
La provincia también señaló que está impulsando su propio plan de infraestructura eléctrica, financiado mediante fideicomisos locales, que permitiría conectar los proyectos mineros sin otorgar un acceso prioritario tan amplio.
La posición de la empresa
Desde el proyecto Vicuña, en cambio, sostienen que el pedido se ajusta al marco regulatorio vigente y remarcan que no implica exclusividad sobre la red eléctrica, sino únicamente prioridad sobre la capacidad adicional generada por las obras que la propia empresa financiaría.
En ese sentido, explican que el sistema eléctrico argentino se rige por el principio de acceso abierto, lo que permite que cualquier empresa solicite conexión o proponga ampliaciones de la red si la capacidad disponible no alcanza.
Bajo ese esquema, cuando una compañía financia una expansión específica del sistema, la normativa habilita que tenga prioridad sobre la nueva capacidad creada, sin impedir que otros proyectos soliciten nuevas ampliaciones o conexiones.
Un problema estructural
El debate en torno al proyecto refleja un problema estructural del sistema energético argentino: la falta de infraestructura de transporte eléctrico, que se convirtió en uno de los principales límites para el desarrollo de nuevos proyectos industriales y energéticos.
Con un riesgo país todavía elevado y escaso margen fiscal para financiar obras públicas, el Gobierno nacional impulsa un modelo en el que las empresas privadas financien nuevas líneas eléctricas y obtengan prioridad de uso durante un período determinado.
El esquema fue habilitado tras la aprobación de la Ley de Bases, que facultó al Poder Ejecutivo a actualizar el marco regulatorio del sector eléctrico. Luego se avanzó con el Decreto 450/2024, que incorporó un nuevo artículo a la legislación y sentó las bases para este tipo de ampliaciones.
Un caso testigo
La discusión por el acceso eléctrico del proyecto Vicuña podría convertirse así en la primera prueba del nuevo esquema de financiamiento privado de infraestructura energética.
Lo que finalmente resuelvan los reguladores no solo condicionará el ritmo de avance del mayor proyecto cuprífero del país, sino que también sentará un precedente para futuras inversiones mineras y energéticas que dependen de nuevas líneas de transporte para concretarse.
