Por qué quieren declarar la emergencia agroproductiva de Mendoza
La diputada Lizana impulsa una ley de asistencia estatal al sector agrario mendocino por el desfinanciamiento y la caída de la actividad. Es una respuesta a la manifestación ante la Legislatura el martes 10. Detalles del proyecto.
La legisladora provincial Gabriela Lizana impulsa "la emergencia agroproductiva". Quiere, mediante una ley, que el Estado provincial, entre varias medidas paliativas, compre uva o vino "con precios referenciales mínimos para absorber excedentes y garantizar condiciones básicas de rentabilidad".
Lo propone como respuesta a la manifestación que hicieron productores agrícolas frente a la Legislatura, el martes 10, denunciando la crisis del campo mendocino, donde repartieron verduras y frutas como símbolo del reclamo, donde el precio de venta de los productos no logra cubrir los costos básicos de la actividad.
La diputada del Frente Renovador fue la única que estuvo entre los productores el martes 10 en la Legislatura.
La parlamentaria massista, que también es productora agrícola de la zona Este de donde provino en gran parte el reclamo, distribuyó el texto del proyecto anoche, domingo 15, y será uno de los puntos que se instalarán en el debate público en esta semana corta de actividades oficiales por el fin de semana largo de Carnaval que se extiende hasta mañana martes 17.
Lo que no contempla el proyecto
Lo que nada dice el proyecto es del reclamo de fondo que hacen los viñateros, que es el riesgo de la erradicación de vides plantadas en 70 mil hectáreas. De acuerdo al testimonio recogido el día de la protesta, ese es el riesgo que denuncian ante la presunta indiferencia del Ministerio de la Producción. En ese planteo piden planes de estrategias alternativas para buscar otros mercados externos con otros productos, como el mosto como endulzante para la industria de las bebidas gaseosas.
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Lo que pide Lizana
• Subsidios tarifarios del 30 por ciento en electricidad y agua para riego, con especial foco en los pequeños productores y aquellos que dependen del riego por bombeo.
• Refinanciamiento de deudas con el Fondo para la Transformación y el Crecimiento a tasas subsidiadas.
• Exención del Impuesto Inmobiliario y reducciones en Ingresos Brutos.
• Operativos de compra del Estado con precios referenciales mínimos para absorber excedentes y garantizar condiciones básicas de rentabilidad.
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Lo central y textual del proyecto
Los reclamos urgentes incluyen intervención provincial con precios referenciales, financiamiento blando y una mesa de diálogo para condiciones mínimas de rentabilidad. Sin respuestas inmediatas, estos sectores -pilares del PBI provincial (alrededor del 20-25%)- corren riesgo de colapso, profundizando el éxodo rural, la pérdida de soberanía alimentaria y el deterioro ambiental en oasis productivos.
El precio de la uva está estancado, los costos no paran de subir y muchas bodegas ya no pueden financiar la elaboración ni adelantar pagos.
Hoy el viñatero entrega su uva sin saber cuándo, cuánto ni cómo va a cobrar. Así no se puede producir. Productores chicos y medianos al límite, riesgo de no cosechar, el mosto atado al exterior y un Estado que se retira: sin compras públicas, sin subsidios, sin respuestas.
El impacto no es solo económico, es social. Se instaló el "sálvese quien pueda".
La declaración de emergencia habilita medidas paliativas como subsidios tarifarios, refinanciamiento de deudas y operativos de compra, mientras que la mesa de diálogo asegura participación inclusiva.
La vigencia temporal (un año, prorrogable) permite respuestas ágiles sin generar dependencias permanentes.
