Gregorio valoró el aval legislativo y afirmó que San Jorge inicia su etapa clave

Tras la votación en la Legislatura, el CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, evaluó que el aval a la declaración de impacto ambiental representaba "un punto bisagra en la historia política minera de la provincia". Destacó que Mendoza posee "una ratificación legislativa de la declaración de impacto ambiental" y que, por esa razón, el debate parlamentario le otorgaba al proyecto "cierta garantía y estabilidad institucional". Según explicó, al ser aprobado por ley, el instrumento ambiental "termina convirtiéndose en una ley", algo que a su juicio fortalecía el marco para inversiones de este tipo.

Durante una entrevista en el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post, Gregorio dijo que, tras el resultado de la votación, el desafío era dejar atrás la confrontación social acumulada en torno a la minería. Señaló que la compañía no creía "ni en la confrontación ni en la división", y remarcó que apostaban al "diálogo democrático, la escucha activa y la transparencia" como pilares para avanzar. "Si no, no se pueden llevar adelante este tipo de proyectos", afirmó.

El ejecutivo explicó que, con la DIA ratificada, comenzaba la etapa de factibilidad técnica, a la que describió como "un proceso técnico profundo" que duraría "aproximadamente un año". Detalló que en ese período se transformarán "todos los estudios generales en un plan de desarrollo completo y operativo", con ingeniería de detalle, logística, costos, financiamiento, sostenibilidad ambiental y planificación integral. "Es una etapa importante, de mucho trabajo", resumió.

Respecto a los plazos, Gregorio estimó que la construcción de la mina podría empezar "entre noviembre y diciembre del 2026" y que la obra demandaría unos 18 meses. La producción del concentrado de cobre comenzaría una vez concluida la planta. Advirtió que los tiempos dependen también de factores externos, como la logística internacional y la llegada de maquinaria.

Consultado por el impacto laboral, aseguró que el proyecto generaría unos 600 empleos directos y que el coeficiente de multiplicación llevaría ese número a 2.400 puestos entre directos e indirectos. "Es un número prudente, moderado", afirmó, y agregó que la operación anual requerirá "120 millones de dólares de costo operativo" destinados a salarios, suministros, mantenimiento y servicios locales.

Gregorio también defendió los estándares ambientales del proyecto. "Cuando hablamos de contaminación hablamos de un delito. Nadie quiere contaminar", señaló, y afirmó que la empresa haría "todo lo que está al alcance de la ingeniería y la ciencia" para evitar fallas. "Estamos tomando la confianza y tenemos el equipo para hacerlo", sostuvo.

Asimismo, planteó que Mendoza podría posicionarse como un actor relevante en el mapa nacional del cobre. Explicó que San Jorge tenía "ventajas competitivas" frente a otros proyectos del país, entre ellas "la baja altura, facilidades energéticas a mano, facilidades hídricas más convenientes y logística favorable", además de un tamaño que hacía más accesible el financiamiento.

Sobre la incorporación al RIGI, confirmó que la empresa apuntaba a hacerlo: "Está toda la compañía apuntada allí", dijo, aunque aclaró que primero necesitaban "tener datos precisos y compromisos" para presentar el proyecto con garantías.