Reforma tributaria: el Gobierno envió el proyecto al Congreso
El proyecto que prepara el oficialismo eleva a $100 millones el mínimo para considerar evasión simple y crea un Régimen Simplificado de Ganancias con menos controles, pero impone multas más altas por incumplimientos formales.
En el marco de su estrategia para alentar el blanqueo de capitales no declarados, el Gobierno ultima los detalles de un proyecto de ley que reconfigura el régimen penal tributario y formaliza el sistema simplificado del Impuesto a las Ganancias.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, lo confirmó hoy a través de declaraciones radiales: "El proyecto lo firmamos ayer con el presidente y ya fue enviado al Congreso mediante el sistema electrónico. La ley tiene varios puntos que buscan movilizar los ahorros que fueron adquiridos en el mercado informal. Se dan garantías para los dólares del colchón".
El borrador, que circula entre tributaristas plantea modificaciones sustanciales en los umbrales de punibilidad por evasión y en las condiciones para ingresar a un esquema impositivo con menores controles.
Uno de los ejes más relevantes del texto es la actualización de los montos que determinan cuándo una conducta se considera delito. La evasión simple dejaría de ser punible a partir de los $1,5 millones por impuesto y por año fiscal, como está hoy, para pasar a requerir una evasión de al menos $100 millones. En tanto, la evasión agravada sólo se configuraría a partir de los $1000 millones, muy por encima de los $15 millones actualmente vigentes.
La reforma también propone ajustar los valores que definen otras figuras penales. Por ejemplo, para que haya apropiación indebida de tributos, el importe mensual mínimo ascendería de $100.000 a $10 millones. Para el abogado tributarista Diego Fraga, se trata de una "actualización indispensable", aunque considera que los nuevos montos deberían incluir un mecanismo automático de ajuste por inflación.
En paralelo, se endurecen las sanciones por incumplimientos formales. Presentar fuera de término una declaración jurada, una falta menor sin impacto directo en la recaudación, dejaría de implicar una multa simbólica de $200 o $400, para pasar a ser penalizada con montos de $220.000 o $440.000, según el caso.
Otro de los cambios destacados es la reglamentación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, ya previsto por decreto. De aprobarse el proyecto, solo podrían adherir quienes no superen los $1000 millones de patrimonio total (en el país o en el exterior) ni hayan tenido ingresos mayores a esa cifra en los dos años fiscales previos. El régimen exime a los contribuyentes del cruce de datos patrimoniales y de consumo, y ARCA calculará el impuesto en base a facturación y deducciones, sin revisar los gastos.
Esta propuesta busca atraer a quienes tengan ahorros no declarados y quieran ingresar al circuito formal, sin quedar expuestos a futuras investigaciones. En ese sentido, también se prevé reducir de cinco a tres años el plazo de prescripción de las deudas impositivas, pero sólo para contribuyentes cumplidores y sin diferencias significativas entre lo declarado y lo determinado por el fisco. Sin embargo, se deja a criterio del Poder Ejecutivo definir qué se considera "significativo", lo que abre un margen de discrecionalidad.
Desde el Gobierno señalan que estos cambios permitirán enfocar los recursos estatales en casos de mayor gravedad y facilitar el cumplimiento voluntario. Sin embargo, algunos especialistas advierten sobre riesgos de inequidad, especialmente en relación con los ingresos del exterior, hoy excluidos del régimen simplificado por falta de información en manos de ARCA.
Mientras tanto, el proyecto será debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por José Luis Espert. El oficialismo apuesta a que la reforma acompañe el plan económico general y contribuya a canalizar los fondos no declarados que circulan fuera del sistema.
Con información de LN
