San Jorge: "El tema del agua no está resuelto", advierte Aldo Rodríguez Salas

El debate legislativo sobre la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de San Jorge no opacó un dato central: casi nadie leyó el documento completo. Quien sí lo hizo -y lo subrayó- fue Aldo Rodríguez Salas, abogado ambientalista con larga trayectoria, que afirmó en el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post que el expediente "tiene 1.050 páginas, no 17.000 ni 9.000 como se dijo", y que su lectura revela "una cantidad llamativa de expresiones potenciales, que indican que no sabemos con exactitud algo".

Ese primer indicio lo llevó a contrastar la información con los dictámenes técnicos. El más contundente, sostuvo, es el de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, que realizó 201 observaciones y las clasificó en estudios "prioritarios" y "relevantes". Entre ellos, mencionó el balance hídrico, el caudal ecológico y la conectividad entre la cuenca del Yalguaraz y la del río Mendoza. La respuesta de la empresa a esas observaciones -"Lo tendremos en consideración"- fue para él la confirmación de que se estaba frente a una "DIA condicionada".

"Hacer estudios después es lo que la Corte Suprema ha llamado una DIA condicionada. Es nula de nulidad absoluta. Y esta es una DIA condicionada", afirmó. Citó como antecedente el caso "Martínez", en Catamarca, donde la Corte anuló la autorización a Agua Rica justamente porque faltaban estudios previos. "La prevención del daño ambiental es una prioridad absoluta", recordó, citando fallos del máximo tribunal.

En la entrevista también cuestionó el argumento del Gobierno según el cual los aspectos pendientes podrían resolverse dentro de dos años, cuando la DIA debe volver a ratificarse. "No se puede autorizar un emprendimiento sin saber de qué se trata", dijo. Y apuntó directamente al Ministerio de Ambiente: "Se ha volcado francamente al fomento minero y ha dejado la política ambiental como marketing".

El punto crítico: el agua

Para Rodríguez Salas, el aspecto más serio que no fue resuelto es el agua. "La conectividad entre la cuenca del Yalguaraz y el río Mendoza no está clara. Esa incertidumbre obliga a aplicar el principio de precaución. La medida clásica es suspender hasta tener certeza", planteó. La Comisión Nacional de Energía Atómica recomendó realizar un estudio isotópico que nunca se hizo.

En paralelo, el abogado criticó las mediciones utilizadas para determinar el caudal del arroyo El Tigre, de donde la mina tomaría el agua. San Jorge midió entre 2009 y 2010, antes de la década de crisis hídrica. Luego, en 2022, encargó mediciones aleatorias. Para la UNCuyo, son "inválidas". El caudal mínimo observado fue de 18 litros por segundo. La mina requiere 141. "La cuenta no cierra", advirtió. La empresa asegura que "dejaría de operar si no hay agua". Rodríguez Salas ironizó: "Nunca se ha visto una mina que diga ‘no trabajamos'".

El trasfondo institucional

El abogado consideró que la DIA aprobada también refleja un problema más profundo: la concentración de poder y el debilitamiento de los controles. "Un Tribunal de Cuentas que no controla, una Legislatura en manos del oficialismo, un Poder Judicial con vínculos familiares es un relajamiento general de la función de control del Estado", describió.

Respecto del conflicto que se abrirá en la Justicia, anticipó que habrá medidas cautelares para intentar suspender el proyecto, aunque reconoció que será difícil en Mendoza. Sin embargo, remarcó que, si el caso llega a la Corte Suprema de la Nación, "la historia termina ahí": "La Corte mira a las cortes provinciales y las fulmina. Ordena resolver conforme a derecho, y el derecho es lo que ella interpreta".

Un debate ideologizado

Consultado sobre si es posible "hacer bien" minería en Mendoza, Rodríguez Salas respondió que quienes hacen observaciones técnicas suelen ser tildados de opositores. "El debate está ideologizado. Llega un momento en que pareciera que uno está de un lado o del otro", lamentó.