Mosto sin acuerdo: Mendoza y San Juan estiran la definición

Las negociaciones entre Mendoza y San Juan por el cupo de mosto sumaron un nuevo capítulo sin resultado concreto. En el marco de la reunión de la Mesa Consultiva Regional del Senasa, realizada en San Juan, las dos principales provincias vitivinícolas del país no lograron definir qué proporción de la cosecha deberá destinarse este año a la elaboración de jugo concentrado.

La discusión no es menor: entre ambas jurisdicciones concentran más del 90% de la producción nacional de uva, por lo que cualquier decisión impacta de manera directa en el equilibrio del mercado, los precios y la rentabilidad de productores e industriales.

En paralelo al encuentro técnico, los ministros de Producción -Rodolfo Vargas Arizu por Mendoza y Gustavo Fernández por San Juan- mantuvieron conversaciones para intentar acercar posiciones. Sin embargo, la reunión concluyó sin acuerdo sobre la llamada "cuota de diversificación", el mecanismo que desde 1994 fija un piso obligatorio de uva para mosto con el objetivo de ordenar la oferta vínica.

El año pasado el porcentaje se había establecido en 23%, pero para esta vendimia el escenario cambió y las posturas no coinciden. Desde ambos gobiernos admiten que todavía no hay un número cerrado y anticipan que volverán a reunirse la próxima semana en busca de una salida.

Las diferencias no pasan por la herramienta en sí -que ambas provincias sostienen- sino por el porcentaje. En San Juan deslizan que la intención es ubicarse bastante por debajo del 20%. Argumentan que un cupo elevado garantiza materia prima a la industria del mosto y reduce la competencia por la uva, lo que, a su entender, termina planchando el precio que reciben los productores. Una alícuota menor, sostienen, obligaría a las concentradoras a competir con las bodegas y podría traccionar el valor del kilo.

En Mendoza, en cambio, evitan anticipar una cifra y aseguran que la negociación sigue abierta. La provincia atraviesa el inicio de la cosecha y todavía analiza variables productivas y comerciales antes de fijar una posición definitiva. Esa diferencia en los tiempos de evaluación fue uno de los factores que impidió alcanzar un consenso en esta instancia.

El reloj, sin embargo, corre. La normativa vigente establece que, si no hay acuerdo, se aplica de manera automática un 20% de uva destinado a mosto. Es decir, ese porcentaje funciona como piso legal en ausencia de entendimiento político.

La discusión se da en un contexto delicado para el sector. Productores primarios advierten que los valores ofrecidos por la uva se ubican en niveles similares a los del año pasado, lo que genera malestar en plena vendimia. A esto se suma un mercado internacional del mosto con precios deprimidos, en parte porque los compradores esperan mayor volumen disponible, lo que presiona las cotizaciones.

Mientras algunos operadores anticipan una cosecha abundante, desde el sector productivo relativizan esas proyecciones y aseguran que la producción sería inferior a la de la temporada anterior, descartando un escenario de sobreoferta.

Con ese telón de fondo, el acuerdo por el mosto vuelve a convertirse en una pieza clave para ordenar la campaña y evitar tensiones mayores en la cadena vitivinícola. Por ahora, la definición quedó en suspenso y la posibilidad de que rija el 20% automático aparece cada vez más cercana si no se logra un punto de equilibrio entre las dos provincias.