Subsidios al límite y paro en puerta: el complejo debut del nuevo secretario de Transporte
Luis Pierrini asumirá en medio de un escenario tenso: gremios que amenazan con una huelga, empresas en alerta y un sistema de colectivos que demanda $87.000 millones al mes para sostenerse. El Gobierno apuesta a recortes y desregulación.
Tras la salida de Franco Mogetta, que acompañó al presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión, será el empresario mendocino Luis Pierrini quien asuma una cartera atravesada por un conflicto inminente con los choferes de colectivos, una reestructuración de subsidios que hoy superan los 87 mil millones de pesos mensuales y el avance de una agenda de desregulación impulsada desde otros sectores del Gobierno.
El lunes próximo está prevista una audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales en la Secretaría de Trabajo. De no llegar a un acuerdo, el gremio ya anunció una huelga de 24 horas para el martes 6 de mayo. Aunque durante la gestión de Mogetta la Secretaría evitó involucrarse directamente en las discusiones paritarias, la disponibilidad de fondos para subsidiar al sistema de transporte siempre resultó decisiva para destrabar negociaciones.
El actual esquema contempla transferencias del Estado nacional por unos 87 mil millones de pesos mensuales para sostener el funcionamiento de las líneas de colectivos bajo su órbita. Pero el debate más profundo gira en torno a cómo se definen los costos operativos y qué parte de ellos debe cubrir el Estado frente al congelamiento tarifario.
La designación de Pierrini, sin antecedentes en el sector, genera interrogantes entre los actores del transporte. Tampoco está confirmado si se mantendrán en sus cargos los tres subsecretarios que respondían a Mogetta: Hernán Gómez (Aéreo), Martín Ferreiro (Ferroviario) y Mariano Plencovich (Automotor), todos con perfil técnico y oriundos de Córdoba.
La salida de Mogetta causó sorpresa en el sector. El funcionario había logrado una buena sintonía con el ministro de Economía, Luis Caputo, y se encargó de implementar medidas de ajuste en línea con la política fiscal del Gobierno. Entre ellas, el traspaso de 31 líneas de colectivos a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que dejó de percibir subsidios nacionales, y el corte de transferencias a líneas municipales bonaerenses.
Según un informe oficial, el peso de los subsidios sobre el costo del sistema se redujo: la relación entre tarifa pagada por el usuario y subsidios pasó de 8%-92% a 25%-75%. Además, se eliminaron compensaciones consideradas ineficientes, se ajustaron frecuencias y se recortó el parque móvil en más de 1.600 unidades, evitando el uso ficticio de colectivos para obtener gasoil subsidiado.
Sin embargo, desde el sector empresario aseguran que, si bien el trabajo técnico fue consistente, las restricciones fiscales impidieron mayores aumentos tarifarios, como sí ocurrió en energía.
De acuerdo con la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), la Resolución 8/2025 incorporó los efectos de la inflación acumulada desde julio del año pasado y las paritarias de octubre. A pesar de ello, la actualización fue limitada: entre octubre de 2024 y junio de 2025 los subsidios pasarán de $78.000 millones a $87.000 millones mensuales, apenas un 11% más frente a una inflación proyectada del 21%.
Por su parte, el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (Conicet) alertó que las transferencias al Fondo Fiduciario del Transporte -clave para financiar el sistema- cayeron un 24% en términos nominales y un 54% reales desde noviembre. Esto impactó directamente en los montos reconocidos a los operadores, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según ese informe, el costo técnico por pasajero ronda los $1.339, mientras que el Estado sólo reconoce $1.019. La diferencia, que debe ser absorbida como subsidio, se redujo artificialmente por un recorte en la cantidad de pasajeros computados en enero y febrero.
En el interior del país, los colectivos cubren apenas el 30% de sus costos con tarifas, en línea con el AMBA. El sistema ferroviario, en cambio, tiene una cobertura aún más baja: apenas del 5%, y podría agravarse si las tarifas siguen congeladas.
Mientras tanto, otras decisiones clave en materia de transporte pasaron a manos del Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger. Desde allí se empuja el cierre de la CNRT y la eliminación de restricciones al transporte automotor.
La gestión entrante enfrentará desafíos inmediatos y estructurales: contener un conflicto gremial, administrar subsidios cada vez más exigidos por la inflación, y avanzar con una liberalización que promete más tensiones en un sector históricamente sensible.
