Chile debate un proyecto de ley para garantizar visitas a personas mayores
En el debate también se ha mencionado la experiencia de China, donde existe una ley que obliga a los hijos adultos a visitar o comunicarse frecuentemente con sus padres mayores, aunque dicho modelo se enmarca en un contexto demográfico y cultural muy diferente al chileno.
El Congreso chileno se encuentra discutiendo una iniciativa legislativa inédita que busca asegurar el derecho a visitas y al contacto social de las personas mayores de 65 años, en un contexto donde el envejecimiento de la población y el aislamiento de adultos mayores han cobrado creciente atención pública.
Promovido por el senador Francisco Chahuán, de Renovación Nacional, el proyecto propone crear un procedimiento judicial especial en los tribunales de familia para regular la relación entre los adultos mayores y sus familiares con los cuales no conviven. La idea es que este régimen de visitas se convierta en un derecho exigible, con mecanismos claros para su establecimiento, suspensión o término.
Según los impulsores de la iniciativa, la legislación actual no contempla un marco específico para estas situaciones, y a menudo los adultos mayores quedan desprotegidos cuando se trata de mantener vínculos afectivos y sociales que favorezcan su bienestar integral.
Una de las propuestas más polémicas es la inclusión de sanciones para el incumplimiento injustificado de las visitas: el proyecto plantea multas que podrían ir desde 1 hasta 10 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a aproximadamente entre 70 mil y 695 mil pesos chilenos, y en casos graves podría derivarse la situación al Ministerio Público por presunto maltrato o abandono.
El texto establece que la persona mayor interesada, sus familiares cercanos -hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad-, su representante legal o cualquier persona con vínculos afectivos significativos, podrá solicitar que se fije un régimen de contacto periódico. Los Juzgados de Familia serían los encargados de fiscalizar y velar por el cumplimiento de estas resoluciones.
El proyecto, que aún está en primer trámite constitucional, despertó reparos de la Corte Suprema de Chile, que consideró que ciertos aspectos podrían afectar la autonomía y la vida privada de los adultos mayores si se impone un interés superior en forma demasiado rígida, en analogía con la protección de menores de edad. Los ministros también cuestionaron si la judicialización de relaciones afectivas es la mejor forma de prevenir abandono o maltrato, y sugirieron fortalecer instrumentos legales existentes.
En el debate también se ha mencionado la experiencia de China, donde existe una ley que obliga a los hijos adultos a visitar o comunicarse frecuentemente con sus padres mayores, aunque dicho modelo se enmarca en un contexto demográfico y cultural muy diferente al chileno.
El senador Chahuán valoró el pronunciamiento de la Corte y adelantó que se revisarán referencias de legislación comparada para mejorar el texto del proyecto antes de seguir su tramitación parlamentaria.
Si bien en Chile este debate ha generado amplio interés, la discusión plantea también preguntas universales sobre cómo las sociedades contemporáneas enfrentan el envejecimiento poblacional, la autonomía de las personas mayores y las responsabilidades familiares y estatales para promover su bienestar.
