La Iglesia le reclama al Congreso que no toque la ley de Glaciares
La Pastoral Social describió a los glaciares como verdaderas "catedrales de agua" y advirtió que cualquier cambio en la normativa pondría en riesgo el derecho humano al agua potable, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables y a las generaciones futuras.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPA) difundió una carta abierta a los legisladores nacionales manifestando su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que se modifique el jueves 26 en el Senado de la Nación la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, conocida como Ley de glaciares.
En el documento del miércoles 18 de febrero, la Iglesia instó a los congresales a mantener el espíritu de una norma que consideran un "hito fundamental" en la protección de las reservas de agua dulce del país.
El documento se conoció este lunes 23 y hay que saber que CEPA es un organismo que forma parte de la Conferencia Episcopal de Argentina (CEA), que conduce el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo y donde se convocan todos los obispos y arzobispos de Argentina para fijar posiciones sobre aspectos centrales de la vida pública.
Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, preside la Conferencia Episcopal de la que depende la Pastoral Social de la Iglesia Católica de Argentina.
Un derecho humano en riesgo
Desde la Pastoral Social subrayaron que los glaciares no deben ser vistos como simples recursos económicos, sino como reguladores del ciclo hídrico y fuentes esenciales de vida. El texto cita la doctrina social de la Iglesia para recordar que el acceso al agua segura es un "derecho humano básico, fundamental y universal", condición necesaria para el ejercicio de todos los demás derechos.
La Comisión advirtió que cualquier afectación a estos ecosistemas impactaría primero y con mayor crudeza en los más pobres y en las comunidades originarias que dependen directamente de ellos. En este sentido, señalaron que no existen crisis ambientales y sociales separadas, sino una sola "crisis socio-ambiental" que requiere soluciones integrales.
Pedido a los legisladores
El documento finaliza con un llamado directo a los diputados y senadores para que:
• Mantengan y fortalezcan el espíritu y los presupuestos mínimos de protección establecidos por la Ley de Glaciares.
• Prioricen, en cualquier debate, la defensa de la vida, el agua y la integridad de los ecosistemas por sobre cualquier otro interés.
• Escuchen la voz de las comunidades locales y de los científicos, actores esenciales para un discernimiento prudente, equitativo, racional y respetuoso del Convenio Nº 169 de la OIT y del Acuerdo de Escazú.
• Promuevan un modelo de desarrollo nacional que armonice la producción con la ecología integral, buscando alternativas que no comprometan recursos naturales críticos e irrecuperables, honrando así el carácter de herencia sagrada que poseen estas fuentes de agua.
• Recuerden que en el mundo "todo está conectado" y que es imprescindible "buscar otros modos de entender la economía y el progreso".
Finalmente, la Iglesia apela a la ´nobleza de la política´ y a la sabiduría de los representantes para actuar con una solidaridad intergeneracional, protegiendo el patrimonio natural en un contexto de "Bancarrota Global del Agua" que ya afecta a diversas regiones del planeta.
A continuación la carta abierta de la Comisión Episcopal de Pastoral Social:
