Multan al intendente de San Carlos por una contratación directa en la Estudiantina 2024

El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) dio el visto bueno a la rendición del ejercicio 2024 de la Municipalidad de San Carlos, aunque aplicó sanciones económicas al intendente Alejandro Morillas y a dos integrantes de su gabinete por irregularidades detectadas en la contratación directa del evento "Estudiantina 2024".

La resolución quedó plasmada en el Fallo 18.353, fechado el 4 de febrero de 2026, en el marco del juicio de cuentas que evaluó la gestión administrativa, financiera y patrimonial del municipio.

Si bien el organismo de control concluyó que los estados contables reflejan razonablemente la situación económica del departamento y decidió aprobar la rendición, también dejó asentadas distintas observaciones vinculadas a falencias administrativas y contables. Entre ellas, se mencionaron pagos de sueldos en exceso, deficiencias en la registración de salarios caídos, falta de un sistema formal de control de stock en depósitos municipales y diferencias en la contabilización de recursos provenientes de la coparticipación y de retenciones salariales.

Tanto la Auditoría como la Secretaría Relatora señalaron que estas inconsistencias fueron corregidas durante 2025, por lo que no derivaron en multas, aunque el Tribunal ordenó reforzar los mecanismos de control interno para evitar que se repitan.

La única situación que terminó en sanciones económicas estuvo vinculada a la organización de la Estudiantina 2024, realizada el 22 de septiembre. El municipio contrató de manera directa a la firma Music Mix S.A. por un total de $139.688.000, invocando la causal de exclusividad prevista en el artículo 144 inciso i) de la Ley 8706. El evento incluyó la actuación de los artistas Emanero y el mendocino Negro Tecla, además de la provisión de sonido, escenario, iluminación, pantallas LED y seguridad privada, entre otros servicios técnicos y logísticos.

Tras revisar el expediente, el Tribunal consideró que no se acreditó de forma suficiente la exclusividad para la totalidad de las prestaciones contratadas. Si bien admitió que podría justificarse respecto del artista principal, entendió que no se incorporó documentación que demostrara que el resto de los servicios debían necesariamente contratarse con la misma empresa ni que existieran razones válidas para apartarse del régimen general de licitación pública.

El fallo recuerda que la licitación es la regla en materia de contratación administrativa y que las excepciones deben estar debidamente fundadas y acreditadas, conforme a la normativa vigente y la Constitución provincial.

Por esta razón, el intendente Alejandro Morillas fue multado con $400.000 por haber firmado el decreto que autorizó la contratación directa y el contrato respectivo. El secretario de Gobierno, Sebastián Garro Álvarez, recibió una sanción de $400.000 por su intervención en la adjudicación, ya que entre sus funciones figura la verificación del cumplimiento de las normas aplicables en materia de erogaciones. En tanto, la contadora municipal, Vanina Moreno Stocco, fue sancionada con una multa de $500.000, al considerar el Tribunal que su intervención implicaba certificar la legalidad del proceso de gasto, control que no habría sido ejercido adecuadamente.

Los funcionarios cuentan con un plazo de 30 días desde la notificación para abonar las multas, cuyos montos serán girados a la Administración Tributaria Mendoza (ATM).

Morillas, jefe comunal del Valle de Uco, se incorporó al oficialismo provincial antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025, tras distanciarse del espacio Encuentro por San Carlos y del diputado Jorge Difonso. No es el único intendente sancionado durante la revisión del ejercicio 2024: a comienzos de este año, el Tribunal también multó al jefe comunal de Rivadavia, Ricardo Mansur, junto a cinco funcionarios, por diversas irregularidades en contrataciones y registraciones contables.

Además de las sanciones puntuales, el Tribunal impartió una serie de directivas para fortalecer el control interno del municipio, entre ellas la regularización de sistemas de cargos y descargos, la revisión de la deuda con el Departamento General de Irrigación y la mejora de los controles en materia de personal y registración contable.

Finalmente, el organismo aclaró que el juicio de cuentas se limita al análisis de legalidad y respaldo documental de los actos administrativos, y que la aprobación del ejercicio 2024 no exime a las autoridades de cumplir con las instrucciones impartidas para los próximos períodos.