No hay derechos adquiridos para perpetuarse en el poder

En el año 2024, la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley 9573, estableciendo una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades (Nº 1079), ley que regula la organización y el funcionamiento de los municipios lo que seguirá siendo así hasta que se reforme la constitución de Mendoza y consagre la autonomía municipal plena. Al aprobarse esta modificación se estableció un límite político preciso: los concejales solo pueden ser reelegidos por un único período consecutivo, así como ya se aprobó esta reforma para los mandatos de las intendencias. No es una decisión caprichosa ni improvisada. Fue producto de un amplio debate democrático, que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras (el PJ en todas sus variantes acompaño esta norma), entendiendo que la alternancia en los cargos es indispensable para fortalecer las instituciones de la democracia.

Resulta llamativo que, frente a una norma tan clara, el concejal Martín González aun así decidió presentarse como candidato a concejal en Godoy Cruz, intentando consolidar un tercer periodo, es decir, 12 años siendo concejal (los legisladores de su partido votan a mano alzada lo que el pretende borrar con el codo). Hoy intenta victimizarse y judicializar lo que es, sencillamente, un límite constitucionalmente válido y legítimo. Pretender hablar de "derechos adquiridos" para justificar su permanencia en el cargo y desconoce que ningún derecho político es absoluto. Al contrario, la democracia se funda en la igualdad de condiciones y en la periodicidad de los mandatos. El republicanismo es el pilar que sostiene nuestra Constitución, y promueve la imposición de límites al poder; porque cuando las reelecciones indefinidas se convierten en regla, el sistema se degrada y se concentra en beneficio de unos pocos. El legislador no tiene margen de interpretación: la ley rige desde su sanción y es de aplicación inmediata, sin zonas grises.

La verdadera vulneración a los derechos de la ciudadanía sería permitir que se ignore la ley para beneficio personal de un dirigente, que no tiene vergüenza para decirle a la ciudadanía que espera ocupar una banca durante 12 años. La alternancia es un principio rector, no una opción discrecional. En Mendoza hemos decidido, con absoluta mayoría legislativa, poner fin a un privilegio que no se encontraba resuelto, pero que responde a la cultura institucional y democrática de nuestra provincia.

El actual contexto social y político demanda de gestos y acciones que tiendan a frenar la degradación y pérdida de legitimidad de nuestras instituciones democráticas. Por ello, se exigen reglas claras, transparencia y renovación. Con este caso, lo que está en juego no es solo la banca de un concejal, sino la credibilidad del sistema político y la confianza de los mendocinos en que sus instituciones funcionan con justicia e igualdad.