La Corte y la 7722: un fallo que no cambia nada

La Corte Suprema eliminó una frase de la Ley 7722, pero ese cambio no hace que Mendoza esté más cerca de desarrollar la actividad, porque sigue manteniendo los filtros políticos que finalmente son los que han impedido que la industria sea una alternativa para la matriz productiva. Sirve más para campaña política que para el desarrollo de Mendoza.

La minería en Mendoza está igual de mal de lo que estaba ayer o en 2019, cuando se derogó la Ley 9209. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no es más que lo que es, una dictamen en el que eliminan una frase que no pone en marcha ningún proyecto y tampoco cambia la situación de los que podrían venir más adelante.

El fallo, que responde a un pedido de inconstitucionalidad que hizo Minera San Jorge, y que por lo tanto sólo aplica para esa firma, no permite un avance de la actividad minera concreto porque no eliminó, por ejemplo, el filtro político que existe en Mendoza y que consiste en pasar por la Legislatura para que la Declaración de Impacto Ambiental tenga un aval político.

Es decir, en el caso específico de San Jorge, sólo sirve para confirmar que el proyecto tiene el aval técnico y legal para desarrollarse, pero sigue enfrentando la barrera que lo detuvo en 2011. El fallo no significa que ahora se puede hacer minería, sólo especifica que son tres las sustancias prohibidas legalmente en la actividad. El ácido sulfúrico, el mercurio y el cianuro no se pueden utilizar.

En lo concreto, el fallo más que servir a la actividad minera, seguramente servirá para que los grupos ambientalistas y sus candidatos políticos afines, hagan campaña y ocupen horas de aire y espacios en los diarios, acusando a la actividad minera y a los adversarios políticos.

La Ley 7722 seguirá vigente, con unas líneas menos, pero con los bloqueos más importantes que ha encontrado la actividad minera confirmados y con la opción para que los que han vivido de la oposición a una actividad lícita lo sigan haciendo.

Es decir, más allá de que se reconoce la posibilidad técnica de avanzar con algún proyecto, los antimineros también pueden seguir avanzando con la campaña del miedo y el aprovechamiento político. Lo real, es que la actividad minera no sufre ningún cambio, sigue prohibida por decisión de la política en base a las presiones de los grupos que se oponen.

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