Caso Bondarenko y la Policía Bonaerense: ¿Depuración legítima o persecución política?
La remoción de 24 efectivos por presuntos vínculos con un excomisario candidato reabre el debate sobre el uso político de las fuerzas de seguridad en Argentina. ¿Dónde termina la profesionalización y dónde comienza la persecución? Escribe Eduardo Muñoz.
Un partido demasiado polarizado: la Policía en la cancha política
La politización de las fuerzas de seguridad es una vieja herida que vuelve a abrirse en la Argentina. ¿Puede una institución clave como la Policía Bonaerense sostener su neutralidad en un escenario tan dividido? La reciente remoción de 24 efectivos, vinculados al excomisario y actual candidato libertario Maximiliano Bondarenko, reactivó una tensión estructural: entre la legitimidad institucional y el uso político de la fuerza.
Mientras el gobierno de Axel Kicillof sostiene que la medida busca preservar la "integridad institucional", desde la oposición, figuras como Patricia Bullrich denuncian una persecución política sin fundamentos sólidos. ¿Depuración necesaria o estrategia partidaria?
¿Medida institucional o maniobra electoral?
Desde una perspectiva criminológica, el caso Bondarenko obliga a repensar los límites entre el deber institucional y los derechos individuales. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que los efectivos sancionados utilizaron recursos estatales para apoyar la campaña del excomisario. Mencionó auditorías y registros informáticos que evidenciarían "reuniones frecuentes".
También es válido preguntarse: ¿qué ocurriría si altos mandos de las fuerzas federales se reunieran con un candidato del oficialismo bonaerense? ¿La reacción política y mediática sería igual de enérgica? ¿Responderían con la misma contundencia tanto el gobierno nacional como el provincial?
Este tipo de escenarios obligan a pensar más allá de las simpatías partidarias. El verdadero problema no es la afinidad ideológica de los uniformados, sino su utilización con fines políticos por parte de quienes deberían garantizar la seguridad pública. La Policía no puede actuar como un actor más del juego electoral; su misión es proteger el orden democrático desde una posición de estricta neutralidad institucional.
Según un estudio de la UBA de 2023, el 62% de los argentinos desconfía de las fuerzas de seguridad, precisamente por su vinculación con intereses políticos. Casos como este no hacen más que reforzar esa percepción.
Profesionalizar sin perseguir: el verdadero desafío institucional
Si se demuestra con pruebas concretas que hubo uso indebido de recursos públicos, la sanción es legítima. Pero si la decisión fue motivada por afinidades ideológicas no comprobadas, el impacto institucional será profundo y dañino para la democracia.
El verdadero reto es lograr una fuerza profesional, transparente y ajena a toda disputa partidaria. La seguridad de la ciudadanía debe ser el norte. No hay margen para una policía que sea percibida como herramienta política, ni para un Estado que actúe con doble vara.
El caso Bondarenko expone una verdad incómoda: la Policía se ha convertido en un capital político demasiado tentador. Pero instrumentalizarla para disputar poder electoral no solo erosiona su legitimidad, sino que puede transformarla de garante de seguridad en generadora de inseguridad.
Y eso, en una democracia frágil y tensionada, es un riesgo que no podemos permitirnos.
