YPF: un fallo a favor que no redime al kirchnerismo

Que el Estado argentino haya obtenido un resultado positivo en esta instancia no debería obturar otra discusión necesaria: la expropiación de YPF en 2012, impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue una decisión mal diseñada, mal ejecutada y, sobre todo, innecesariamente costosa para el país.

Conviene separar planos. Una cosa es el fallo judicial, que puede reconocer facultades soberanas del Estado, y otra muy distinta es evaluar la calidad de la política pública que le dio origen al conflicto. Y en este segundo plano es donde la Argentina vuelve a mostrar una constante preocupante: la tendencia a confundir voluntad política con racionalidad institucional.

La expropiación de YPF fue presentada en su momento como un acto de recuperación de soberanía energética frente a la gestión de Repsol. Sin embargo, más allá del diagnóstico -discutible pero atendible en algunos aspectos- el problema central no fue el "qué" sino el "cómo". El Estado decidió avanzar sobre una compañía cotizante sin respetar plenamente las reglas de mercado que esa misma compañía tenía establecidas, particularmente en lo relativo a la obligación de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) para el resto de los accionistas.

Ese punto no es técnico ni menor: es el corazón del problema. Cuando un Estado interviene en una empresa que cotiza en bolsa, no solo se vincula con el accionista mayoritario, sino con todos los inversores que confiaron bajo ciertas reglas de juego. Saltarse ese mecanismo, o interpretarlo de manera laxa, fue el error original que luego derivó en años de litigios y en un daño reputacional significativo.

El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, aunque favorable para el Estado argentino, no logra redimir la gestión kirchnerista debido al oscuro entramado que facilitó el desembarco del Grupo Petersen en YPF. La relación de mutuo beneficio entre la familia Kirchner y los Eskenazi se consolidó a mediados de los 90, cuando el grupo adquirió el control del Banco de Santa Cruz por poco más de US$ 10 millones, una cifra irrisoria dada la importancia estratégica de la entidad en la provincia. Este vínculo, alcanzó su punto más polémico en 2008 con un esquema de privatización "entre amigos": los Eskenazi ingresaron como accionistas de la petrolera sin aportar capital propio, financiando la compra de sus acciones exclusivamente con los dividendos que la propia YPF generaba. Este mecanismo no solo vació de inversión a la compañía, sino que sentó las bases para el actual conflicto legal en Estados Unidos, dejando al descubierto un modelo de negocios donde la cercanía política primó sobre la transparencia institucional.

Luego, los síndicos de las empresas de los Eskenazi vendieron los derechos de juicio al fondo Burford Capital. Burford demandó a Argentina en Nueva York argumentando que, al tomar el control sin lanzar una OPA, el país perjudicó económicamente a los accionistas minoritarios.

Una expropiación correctamente diseñada habría implicado, como mínimo, tres elementos: una valoración transparente de la empresa, una negociación previa con los accionistas y el cumplimiento estricto de las normas de mercado, incluida la OPA. Nada de eso ocurrió de manera adecuada. En cambio, se optó por una lógica de confrontación política que, en el corto plazo, generó rédito interno, pero en el largo plazo derivó en costos financieros y judiciales.

Esos costos no son abstractos. La Argentina no solo pagó la compensación acordada con Repsol -unos 5.000 millones de dólares en bonos en 2014, sino que además ha desembolsado cifras millonarias en honorarios legales, asesoramiento financiero y gastos judiciales a lo largo de más de una década de litigios en distintas jurisdicciones. Según diversas estimaciones el estado argentino desembolsó alrededor de 1.000 millones de dólares en los referidos conceptos. A eso se suman los costos indirectos: tiempo administrativo, desgaste político y el impacto reputacional que encarece el financiamiento externo.

El argumento de la soberanía energética, además, fue utilizado de manera instrumental. Porque la verdadera soberanía no se construye a partir de decisiones intempestivas, sino mediante reglas claras, previsibilidad y capacidad de atraer inversiones. Paradójicamente, la forma en que se llevó adelante la expropiación terminó debilitando ese objetivo: lejos de fortalecer la posición argentina, generó desconfianza en los mercados internacionales.

El fallo favorable actual, que el kirchnerismo celebra como una reivindicación, no borra ese recorrido. A lo sumo, limita los daños en una etapa del proceso, pero no modifica el hecho de que el país se expuso innecesariamente a litigios multimillonarios. En otras palabras, no es una victoria estratégica, sino apenas un alivio táctico dentro de un problema que nunca debió escalar a esta magnitud.

Hay una cuestión más profunda en juego: la relación de la Argentina con el derecho de propiedad y con las reglas del capitalismo moderno. Cada vez que el país se aparta de esos principios, aun con argumentos políticos atendibles, termina pagando un costo elevado. Y lo más grave es que ese costo no lo asumen quienes toman las decisiones, sino la sociedad en su conjunto, a través de menor inversión, menor crecimiento y mayor incertidumbre.

La defensa cerrada de la expropiación suele apoyarse en una narrativa épica que simplifica el problema: Estado versus corporaciones, soberanía versus intereses extranjeros. Pero la realidad es más compleja. Un Estado fuerte no es el que avanza sin límites, sino el que actúa dentro de reglas claras y previsibles. La fortaleza institucional no se mide por la capacidad de imponer decisiones, sino por la de sostener compromisos.

El fallo favorable a YPF puede ser leído como un episodio dentro de una saga más amplia, pero no como una reivindicación de la política que lo originó. La expropiación de 2012 fue un error en su concepción y en su ejecución, y que hoy la Argentina obtenga un resultado judicial positivo no la convierte en un acierto.

La experiencia de YPF debería servir como advertencia: no alcanza con tener razón en el diagnóstico; es imprescindible acertar en la forma. Porque, como quedó demostrado, una mala ejecución puede convertir una decisión legítima en un problema estructural de largo plazo, cuyos costos, honorarios, indemnizaciones y credibilidad, terminan siendo mucho más altos que cualquier beneficio político coyuntural.