Munives, de la cima del Aconcagua a la denuncia de presión del narcotráfico

Una serie de preguntas y afirmaciones del senador provincial peronista Rafael Moyano, que preside la Comisión Bicameral de Seguridad.

Rafael Moyano

 La situación no daba para más, el vaso ya se había colmado hacía rato y no tuvieron una mejor idea que meterle no una gota más, sino un verdadero chorro de soda. 

Las aventuras de Munives y su pareja en el Aconcagua nos dejaron a todos los mendocinos con la boca abierta, no les alcanzó con mentir con las vacunas sino que tuvieron que armar una expedición sin respetar los protocolos y utilizando de manera descarada recursos del Estado para disfrute particular.

Caballos, personal, helicóptero y vaya uno a saber cuántas cosas más. Indignante, inexplicable, insostenible, el propio jefe de policía acusado con pruebas a la vista de delitos tales como falsedad ideológica y peculado. El gobernador que le sostuvo la mano en situaciones gravísimas tuvo que pedirle la renuncia, no le quedó otra opción. 

Lo primero que uno se pregunta es ¿quién y por qué razón le daba tanta protección política al exfuncionario para que sintiese que podía actuar con tanto descaro y seguir siendo impune? 

¿Será que la violación de las normas y el uso de los recursos públicos para fines particulares es ya una costumbre en las altas esferas del oficialismo provincial? 

Pero en fin, se fue Munives.

¿Los desmanejos y la inseguridad también se van? ¿En manos de quienes está verdaderamente la seguridad de la provincia de Mendoza? ¿Realmente el gobierno provincial tiene la reducción de la inseguridad entre sus principales prioridades? 

Seguramente los atropellos, la utilización de recursos del Estado para fines propios mientras se retacean recursos para fines colectivos y la poca vocación por rendir cuentas no se van a ir con Munives, porque en realidad ya son una marca registrada de este gobierno. 

Los resultados logrados en materia de seguridad son paupérrimos, el delito crece en Mendoza y el gobierno provincial no ofrece respuestas, solo relato. Solo basta con salir a la calle o pegarle una mirada a la prensa y a las redes sociales para corroborarlo, las pruebas saltan a la vista. 

Pero si con esto no alcanza también se pueden ver los propios informes que el Ministerio de Seguridad de la provincia eleva al Honorable Tribunal de Cuentas (Informes trimestrales - Anexo 30 -) o las pocas ediciones de la malograda Encuesta Provincial de Victimización. ¿Por qué razón dejaron primero de informar los resultados y luego directamente dejaron de hacerla? Por ejemplo las encuestas dicen que la mayoría de los robos y hurtos no se denuncian. ¿No les parece un atropello que se utilicen cuantiosos fondos públicos para realizar una encuesta y que luego porque los resultados que arroja no son del agrado del mandamás de turno los mendocinos nos quedemos sin conocerlos? 

Lo cierto es que el delito crece en Mendoza, la sensación de inseguridad y el miedo son cada vez mayores y la "cifra negra" (es decir, los delitos que no se denuncian) también sube debido a la poca confianza que hay en las instituciones que deben garantizar la seguridad y la justicia. Pero ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles pueden ser algunos de los factores que explican este deterioro? Para poder hacerlo se debe poner el énfasis en la prevención que es la única manera de no llegar tarde y poder garantizar el derecho como corresponde. 

En cuanto a la prevención podríamos decir que hay dos grandes áreas, por un lado la prevención social que tiene que ver con la educación, la salud, el empleo, los salarios dignos, la reinserción de las personas privadas de la libertad y el desarrollo social en general y que por lo tanto es una materia que excede ampliamente las funciones del Ministerio de Seguridad y la Policía y por otro lado encontramos la llamada "prevención situacional" que se centra en la identificación de lugares, personas y objetos en riesgo de victimización o re-victimización y busca reducir factores específicos relacionados con la delincuencia y los lugares y situaciones donde ésta tiene lugar. 

Mediante la estrategia de la "Prevención Situacional" se intenta evitar que el delito ocurra, es un derecho de nuestra sociedad que debe ser adecuadamente garantizado, ademas de la función específica de la Policía. 

Pero la prevención situacional implica disponer recursos materiales y humanos. Sin recursos el Estado no puede hacer este tipo de prevención y llega tarde. 

Entonces nos preguntamos ¿cómo espera el gobierno provincial realizar una eficiente prevención situacional que permita reducir el delito de manera real si el presupuesto asignado al Ministerio de Seguridad en general y a la Dirección de Policía en particular viene sufriendo recortes de maneras constantes desde el año 2016 a la fecha, pasando de representar el 8,08% del total del gasto en 2016 al 5,30 % en 2022 (sin contar penitenciaria) con una reducción del valor real de los fondos asignados que ronda el 50%? 

¿Se puede hacer prevención situacional si debido a los recortes presupuestarios el Ministerio de Seguridad cuenta con menos personal menos móviles, menos equipamiento, si prácticamente no se instalan cámaras, etc.? 

Nos preguntábamos más arriba como era posible que el ex director de policía pudiera actuar de manera tan impune, violando pases sanitarios, protocolos y utilizando bienes públicos para fines particulares tan a la vista de todos en su paseo por el Aconcagua. 

¿Quién o quiénes le han dado una protección política tan grande como para que este hombre actúe así? Quizás parte de la explicación la encontremos en el incumplimiento sistemático de parte del gobierno provincial de la ley 6721, la cual crea el sistema provincial de seguridad y define una serie de mecanismos de responsabilización y control del accionar de los funcionarios públicos que tienen a cargo las el diseño y la ejecución de las políticas de seguridad en la provincia. 

La demora de dos años en la constitución de la Comisión Bicameral de Seguridad que es uno de los órganos de control, la no respuesta a la mayoría de los pedidos de informes presentados, la protección brindada por el oficialismo para que ni el ministro ni el director de policía se presentaran en la legislatura en las diversas situaciones en las que fueron requeridos, la no puesta en funcionamiento de los consejos departamentales de seguridad y los foros distritales de participación ciudadana, etc. han sido una decisión sistemática del oficialismo provincial que ha tendido a blindar y brindar impunidad al accionar de los principales responsables políticos del Ministerio de Seguridad. Si las máximas autoridades provinciales los venían protegiendo sistemáticamente. 

Como vemos, la instancia de Munives va más allá de la vacunación de su novia, es aún más grave, insistimos que esto excede a Munives, que es la lógica de este gobierno. 

Entendemos que Marcelo Calipo el hoy Director General de la Policía estaba al mando cuando se cometieron estas acciones y entendemos que Raúl Levrino también estaba al tanto por eso insistimos en que dimita la cúpula, es la única manera de cambiar la lógica. 

Las declaraciones de Calipo indican que hemos acertado en los diagnósticos y que son razonables las denuncias, ya que los cambios que anunció van en dirección de lo que hemos planteado, con la promoción a nuevos comisarios generales por ejemplo. Pero es parte del problema. 

¿Por qué razón vamos a esperar que el ministro, el director de Policía y sus funcionarios mantengan una cultura de la rendición de cuentas y de la transparencia? 

¿Qué va a pasar con la señora de Munives y sus dichos acerca de la influencia del narcotráfico en la renuncia de Munives? ¿Del alcance y de la complicidad del Ministerio Público Fiscal en el ocultamiento de información sobre los hechos delictivos denunciados? 

EL AUTOR. El senador Rafael Moyano (FPV) es presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad.

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