Que Dios y la Patria os lo demanden...

En los últimos días volví a escuchar una frase que, por repetida, pareciera haber perdido su peso real. Durante la jura de legisladores y funcionarios se pronuncia el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución, desempeñar fielmente el cargo asumido y, finalmente, se cierra con una advertencia solemne: "De no ser así, que Dios y la Patria os lo demanden."

La demanda que pueda hacer Dios no me corresponde analizarla. Pero sí me pregunto algo mucho más concreto: ¿la Patria realmente demanda, evalúa y juzga el desempeño de quienes gobiernan en su nombre?

Con el paso del tiempo, ese juramento parece haberse deslizado de un compromiso moral, ético y técnico a una mera formalidad previa al ejercicio del poder. Incluso el acto en sí ha perdido solemnidad: no son pocas las ocasiones en que la jura se convierte en escenario de consignas o declaraciones ajenas al sentido profundo de la responsabilidad que se asume.

Las ideas, los debates y las posiciones deberían expresarse donde corresponde: en el trabajo legislativo y en la gestión cotidiana. Sin embargo, demasiadas veces el contraste es evidente: se sesiona poco, se debate poco, se vota poco, se presentan pocos proyectos relevantes y, lo más importante, se avanza poco en mejorar la vida concreta de los ciudadanos.

Entonces la pregunta vuelve, inevitable: ¿no es momento de que la Patria demande de verdad? Que evalúe gestiones, que advierta desvíos, que prevenga errores antes de que se vuelvan estructurales. Que existan mecanismos institucionales capaces de diferenciar entre una gestión responsable y una gestión deficiente, entre la impericia y el abandono, entre el error y el abuso.

Hasta ahora, gran parte de las investigaciones sobre malas prácticas de gestión -y, en ocasiones, sobre corrupción- no surgieron de sistemas de control consistentes, sino del trabajo muchas veces solitario y riesgoso de periodistas con coraje. No debería ser así. No para debilitar la democracia, sino precisamente para fortalecerla.

No se trata de vulnerar la independencia de poderes, sino de ejercer de manera efectiva la función de control. Del mismo modo que ocurre en la actividad privada, donde existen auditorías periódicas, reportes, alertas tempranas y correcciones de rumbo, el sistema democrático debería contar con instancias reales de evaluación de desempeño y cumplimiento.

Y no hablo solo de corrupción. Hablo también de cuestiones esenciales que afectan la vida diaria de millones de personas. En muchos lugares, la inseguridad dejó de ser una preocupación abstracta para convertirse en una amenaza permanente: no solo se pierde patrimonio; se pierde tranquilidad y, en demasiados casos, se pierde la vida.

Frente a esas realidades, quienes ocupan cargos de responsabilidad también juraron cumplir y hacer cumplir la ley. Sin embargo, los mandatos terminan, los cargos se suceden, y la Patria -una vez más- parece no haber demandado nada.

¿No sería razonable, entonces, que el sistema actúe antes? No para sustituir funciones ni romper equilibrios institucionales, sino para aplicar correcciones preventivas: advertencias formales ante desvíos evidentes, requerimientos de mejora, exigencias de planes de acción y seguimiento. Una primera instancia para corregir el rumbo. Una segunda para elevar el nivel de exigencia. Y, si la inacción persiste y el daño se vuelve verificable, consecuencias proporcionales dentro de los mecanismos democráticos disponibles.

No me corresponde definir cuáles deben ser esos instrumentos. Pero sí sostengo esto: una gestión claramente deficiente, una falta de capacidades evidentes o una conducta que pone en riesgo bienes básicos -la seguridad, la salud, la educación- no puede quedar sin evaluación ni respuesta institucional.

Estoy convencido de que es posible avanzar hacia un sistema más maduro: con evaluación, prevención y responsabilidad. Esto no debilita la democracia. La fortalece.

Quienes nacieron después de 1983 solo conocieron este sistema, con todas sus imperfecciones. Si no logramos mejorar su funcionamiento, si no damos argumentos sólidos para defenderlo y perfeccionarlo, estaremos erosionando desde adentro el mayor logro institucional de nuestra historia reciente.

La Patria no demanda sola. Hay que dotarla de reglas, controles y responsabilidades reales para que esa frase -tantas veces pronunciada- vuelva a tener sentido.