¿Dónde está el decibelímetro y la voluntad para usarlo?

Malargüe ha dejado de ser una ciudad tranquila para convertirse en el epicentro de una ostentación ruidosa e irrespetuosa que ha superado todos los límites de tolerancia. Lo que está en juego no es un simple capricho vecinal, sino el derecho fundamental a la salud, el descanso y la calidad de vida, pisoteado impunemente por la circulación descontrolada de vehículos carentes de todo control.

El caos vial en nuestro municipio no se limita solo a la contaminación acústica. Se extiende a una peligrosa anarquía en el uso de la vía pública que pone en riesgo permanente la integridad de peatones, conductores y ciclistas por igual.

Mientras los escapes libres de motocicletas configuran una clara y flagrante violación a la ley en términos de contaminación sonora, presenciamos con hartazgo cómo otros actores viales circulan en un estado de infracción constante e impune. Eso es el doble estándar de la anarquía vial.

Es habitual ver bicicletas circulando a contramano, realizando peligrosas maniobras entre el tráfico y utilizando las veredas como ciclovías personales. Esta conducta no solo está prohibida, sino que expone a los peatones (niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida) al potencial riesgo de ser embestidos, siendo moneda corriente ver como el ciclista atraviesa el semáforo en rojo y a contramano, generando un clima de inseguridad vial intolerable.

La absoluta falta de control sobre estos comportamientos duales (el ruido ensordecedor de unos y desprecio a las normas de circulación de otros) desnuda una preocupante debilidad en la fiscalización integral del tránsito municipal.

Resulta indignante y frustrante constatar que, mientras la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 (Art. 48) y la Ley Provincial N.º 9.024 prohiben explícitamente la emisión de ruido contaminantes, y el resto de los artículos regulan la correcta circulación, nuestras calles se han transformado en una pasarela de decibeles y transgresiones. Digamos que mientras La ley es clara, la aplicación es ciega.

El problema no es la falta de normativa, sino la escandalosa y preocupante falta de voluntad política y operativa para hacerla cumplir en todos los frentes.

¿Qué es de la vida de los preventores? 

Porque hoy no están desempeñando la función para lo fue creado el cuerpo que los nuclea. El sentimiento general en Malargüe es que el preventor debería ser un aliado del vecino cuidando las plazas, las salidas de las escuelas y los comercios, está claro que el municipio rompió el contrato de confianza original para el que fueron creados.

Ya no se trata solo de la imposibilidad de dormir o de disfrutar de un momento de tranquilidad en la vereda de un café. La contaminación sonora generada por estos infractores es un problema de salud pública.

Para nuestros vecinos con hipersensibilidad auditiva, trastornos del espectro autista (TEA), hiperacusia o misofonía, el paso de una motocicleta con escape libre no es solo una molestia, es una grave agresión que desencadena crisis de pánico y afecta directamente su bienestar médico. Resulta inadmisible que permitamos que la irresponsabilidad de unos pocos comprometa la integridad física y psíquica de ciudadanos vulnerables.

Hemos tomado conocimiento de que, finalmente, se ha incorporado un decibelímetro. Esta herramienta, largamente esperada es inútil si permanece guardada, razón por la cual entonces exigimos inmediatas acciones y no solo anuncios de gestión a los que nos tiene acostumbrado el intendente.

Exigimos al Juzgado de Tránsito Municipal que demuestre su autoridad y su compromiso con la comunidad mediante acciones inmediatas y contundentes, aplicando un control integral.

Los controles deben ser planificados, permanentes y estrictos, con especial foco en los horarios de descanso (nocturnos) y los fines de semana, cuando el caos sonoro se intensifica.

La avenida San Martín y los alrededores son pistas de pruebas de autos y motos.

Uso riguroso del decibelímetro y severas sanciones por ruidos, aplicando la doctrina de tolerancia CERO. Todo vehículo que exceda los límites permitidos debe ser multado y retenido, aplicando las facultades que otorgan los Artículos 72 y 72 bis de la Ley 24.449.

Se debe sancionar la circulación de bicicletas a contramano y por veredas, garantizando la seguridad del peatón y restableciendo el orden vial. Es imprescindible hecer comprender al ciclista que las normas de tránsito también lo comprenden. Eso se llama fiscalización y controlde infracciones menores.

El silencio de las autoridades ante este estruendo y este desorden es ensordecedor. La Inacción no es más que mera complicidad.

Los vecinos de Malargüe ya no vamos a tolerar que la indiferencia trasfigure la ilegalidad en un hecho normal y cotidiano. Es hora de que la autoridad vial y de seguridad asuma el costo político y operativo de hacer respetar la ley por encima del libertinaje vial actual.

La paciencia se ha agotado y eso también lo tienen que saber el Intendente y el juez vial municipal.