En su justa medida

Siempre que nos encontramos ante un hecho de infracción a la ley que trae consecuencias dañinas, surge por parte de la ciudadanía una pregunta recurrente: ¿por qué debemos todas las personas, como colectivo social, colaborar a la reparación de ciertos daños, cuando debería ser eso una carga en manos del transgresor?

En dicho sentido, el nuevo proyecto de Plan de Salud, presentado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza en las últimas horas, y que tendrá tratamiento en nuestra legislatura en las jornadas venideras, trae entre la normativa propuesta una regla rectora que apareja una justa medida de equidad.

Referimos al proyecto legislativo que promueve el recupero económico emergente de las prestaciones médicas brindadas a las personas que, manejando en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, requieran atención en el área de salud.

Si hablamos de cifras de inversión pecuniaria en dicho sentido, es importante tener presente los montos manejados en nuestra administración provincial, desde dónde se ha destacado que Mendoza destina aproximadamente 15 millones de pesos en promedio, en cada accidentado que adolece de traumatismos, tomando en cuenta una semana y media de internación con sus correspondientes cirugías.

Si bien no hablamos de una reparación total del daño causado -cuestión ésta que siempre queda salvada con la posibilidad de la reparación integral que puede plantearse ante la justicia- , es un paso importante de solidaridad social para descomprimir el sistema de salud, priorizando recursos.

En dicho sentido, la norma a tratar se inserta oportunamente en el marco de la Línea Estratégica Número 7 inserta en el Plan Provincial de Salud 2024- 2030 presentado por el Gobierno de Mendoza, que contiene pautas destinadas a mejorar la prevención y el autocuidado, y que entre sus objetivos específicos enumera la promoción de medidas destinadas a prevenir accidentes de tránsito.

Y es que, no desconociendo que el alcoholismo y el consumo de estupefacientes son problemáticas que merecen la atención del sistema como un flagelo a atacar desde sus raíces, parece indiscutible, reflexionando junto a la pregunta que hiciéramos al comienzo, que no se puede premiar la irresponsabilidad ciudadana, ya que ello no es ejemplo para la persona de buen accionar.

En dicho sentido, la cantidad de noticias sobre lesiones, muertes y daños provocados por el consumo irresponsable de alcohol y distintas sustancias, acompañado del manejo de vehículos automotores, conducción que se convierte, por efectos del dicho cóctel, en un arma sumamente dañina, trae una alarma que, felizmente, la legislación pretende combatir con una política disuasiva de prevención.

Una sana política es siempre la mejor política.