Cirujanos del gasto público
"Parte del esfuerzo actual de la Provincia no responde a una expansión propia, sino a la necesidad de cubrir espacios que antes tenían otro financiamiento", dice el autor, apuntando hacia quienes analizan sin tener en cuenta los contextos que circundan a la Administración Cornejo.
En Mendoza ya no luce del todo razonable discutir sobre gasto público como si no hubiera pasado nada en la última década. La Provincia realizó un esfuerzo fiscal muy significativo en la última década: el gasto público total (corriente) se redujo entre 4 y 6 puntos del PBG, según como se lo mida. Estamos hablando de magnitudes relevantes, al menos lo suficiente como para que el debate parta de una base más cuidadosa y menos abstracta.
Es por eso que, cada vez que alguien plantee la conveniencia de seguir reduciendo el gasto público, la proposición debería ser precisa: dónde, cuánto y cómo. Porque una cosa es cuestionar un Estado ineficiente, desordenado o sobredimensionado (que Mendoza ya no tiene); y otra muy distinta es suponer que cualquier recorte adicional, por sí mismo, equivale a una mejora en la calidad del sector público.
Cuando una provincia ya ha recorrido una parte importante del camino del ordenamiento fiscal, seguir discutiendo nuevas reducciones exige bastante más que una mirada general sobre las cuentas públicas. Exige entrar en la estructura concreta del gasto. Exige estudiar, servicio por servicio, cuál es el costo óptimo de prestar con niveles razonables de calidad funciones esenciales como salud, seguridad, educación y transporte público. Recién después de ese trabajo puede evaluarse con seriedad si existe margen real para seguir reduciendo erogaciones sin afectar prestaciones clave.
En salud, por ejemplo, el debate serio no puede pasar por afirmar en abstracto que "hay mucho gasto", sino por determinar cuántos médicos, enfermeros, administrativos, camas, centros de atención, equipamiento y sistemas de derivación necesita Mendoza para cubrir adecuadamente a su población. En seguridad, la pregunta relevante no es sólo presupuestaria, sino operativa: qué dotación policial, qué movilidad, qué tecnología y qué despliegue preventivo se requieren para sostener niveles aceptables de protección. En educación, el análisis de fondo pasa por revisar qué combinación de cargos, infraestructura, conectividad, jornada y apoyo pedagógico permite mejorar aprendizajes reales. Y en transporte público, tampoco alcanza con invocar eficiencia en abstracto: hay que estudiar recorridos, frecuencias, kilómetros recorridos, costos operativos, subsidios necesarios y cobertura social.
Además, a ese análisis hoy debe incorporarse otro elemento importante: Mendoza viene haciéndose cargo, en los hechos, de gastos y responsabilidades que años atrás recaían en mayor medida sobre el Estado nacional. Esto puede observarse, con distinta intensidad, en áreas como rutas, subsidios al transporte público, infraestructura sanitaria, vivienda y otras vinculadas al sostenimiento de los servicios básicos. Por eso, mirar el gasto provincial sin considerar este corrimiento de cargas puede conducir a diagnósticos incompletos. Parte del esfuerzo actual de la Provincia no responde a una expansión propia, sino a la necesidad de cubrir espacios que antes tenían otro financiamiento.
Sin ese trabajo previo, cualquier propuesta de reducción adicional corre el riesgo de transformarse en un recorte a ciegas. Y recortar a ciegas no necesariamente fortalece al Estado, es más, en algunos casos puede debilitarlo. La calidad de los servicios públicos no nace sólo de gastar menos. Nace de gestión, de productividad, de mejores incentivos, de revisión de procesos y también de recursos suficientes allí donde son necesarios.
En definitiva, así como en su momento fue necesario cuestionar un Estado desordenado e ineficiente (el de Paco Perez), hoy conviene evitar el riesgo opuesto: el de convertir el ajuste en un fin en sí mismo. Bienvenidos entonces serán aquellos que hagan propuestas de ajuste del gasto, siempre que sean serias y detalladas, no ligeras y declamativas. Porque hay que meterse en el corazón del gasto en salud, educación, seguridad, transporte público, etc., y no quedarse en propuestas simples para el aplauso de la tribuna, que ocupan una simple filmina de un power point de ocasión. La discusión es más compleja, pasa más bien por encontrar un equilibrio razonable entre austeridad, calidad de los servicios y capacidad estatal. Y ese debate puede llevar meses de estudio y análisis, pero es el que eleva, el que sirve.
