Las lecciones del 2001: volver a leer el libro de James Dorn
El texto introductorio y el acceso al libro "Crisis financieras internacionales,¿Qué rol le corresponde al gobierno?", con un ensayo de Ricardo López Murphy. Para revisar en esta época.
Para que continúen los flujos de inversión en las economías emergentes, es necesario encontrar nuevos medios de previsibilidad en la resolución de la deuda soberana insostenible. Pero ¿esto se impondrá por decreto o surgirá de las fuerzas del mercado? ¿Volverá el FMI a su mandato original o ampliará su dominio y control sobre las naciones en desarrollo y los mercados? [...] El resultado determinará la riqueza y el bienestar de los países en desarrollo del globo. Adam Lerrick y Allan Meltzer (2002: 1)
El problema de la credibilidad
El empobrecimiento causado por las promesas incumplidas por parte de los gobiernos que no protegen los derechos de propiedad, no respetan los contratos ni restringen la carga impositiva y los gastos a niveles prudentes se manifiesta en la frecuencia de las crisis financieras en las economías de los mercados emergentes. El impactante default de la Argentina en diciembre de 2001 y la crisis brasileña en 2002 son apenas dos de los ejemplos más recientes de cómo las malas políticas gubernamentales socavan la confianza y destruyen la riqueza.
Después de que el gobierno argentino no cumplió con el pago de la deuda, rompió su promesa de convertir pesos en dólares a la vista, devaluó la moneda, negó el libre acceso a los depósitos bancarios y, más recientemente, impuso controles al capital, ¿qué inversionista podría confiar en el futuro de ese país -o en el de Brasil- ante la ausencia de reformas políticas y económicas fundamentales? La negativa del Fondo Monetario Internacional de rescatar a la Argentina fue la aceptación de que era imprescindible encontrar un nuevo procedimiento para hacer frente a las crisis de deuda soberana, las cuales están íntimamente ligadas a las crisis bancarias y monetarias. Para contenerlas y prevenirlas se requiere que los gobiernos sigan políticas transparentes pro mercado que no puedan ser anuladas con facilidad. Es necesario que haya un compromiso a largo plazo con el libre comercio, el imperio de la ley y la moneda sana: de no ser así, los inversores globales llevarán sus capitales a otra parte. Al no pagar su deuda y devaluar su moneda, el gobierno argentino destruyó la confianza que había establecido y aumentó los costos de atraer futuros fondos de inversión.
A pesar de que el FMI ha invertido miles de millones de dólares en los países emergentes desde la crisis del peso mexicano de 1994-1995, subsiste el problema de la credibilidad: esto es, cómo crear un marco institucional en el que los gobiernos "no generen problemas", de modo que los mercados puedan aumentar el crecimiento económico y la estabilidad. Este punto y la pregunta acerca de si la intervención del FMI puede mejorar o no las soluciones potenciales de mercado para las crisis de deuda soberana, fueron el tema central de la XX Conferencia Monetaria Anual del Cato Institute -"Crisis financieras internacionales: ¿qué rol le corresponde al gobierno?"-, el 17 de octubre de 2002, auspiciada por The Economist, con la colaboración de la Fundación de la Familia de Donald y Paula Smith. Todos los artículos de este volumen, con excepción del de Ian Vásquez, fueron presentados en la conferencia monetaria de 2002.
Lecciones de la crisis de la deuda argentina
En diciembre de 2001, el gobierno argentino declaró el default de su deuda de US$ 95 mil millones, la mayor crisis de deuda soberana de la historia. Más tarde, el valor del tipo de cambio del peso cayó el setenta por ciento en relación con el dólar, los depósitos bancarios fueron congelados y la economía se redujo al nivel de 1993, en tanto más del cincuenta por ciento de la población caía por debajo de la línea de pobreza (Casey, 2003: A2; Lerrick y Meltzer, 2002: 1). Los artículos de Ricardo López Murphy et al., Allan Meltzer, Charles Calomiris y Steve Hanke tratan las causas de la crisis y las lecciones que podemos aprender de ella.
El ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, y sus colegas Daniel Artana y Fernando Navajas, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, de Buenos Aires, hacen un detallado informe de la crisis económica argentina de 2001-2002. Consideran que las causas básicas de la crisis de la deuda son el gasto público excesivo (financiado en gran parte por la deuda externa denominada en dólares), la falta de liberalización del comercio y la inestabilidad política.
Por otra parte, la rigidez de preciossalarios lentificó los ajustes a los shocks externos y aumentó el desempleo. A pesar de que el gobierno federal había tomado importantes medidas para revitalizar la economía en la década de 1990, éstas fueron insuficientes. La Argentina aún carece de un compromiso confiable respecto de límites al gobierno y la apertura de mercados. Los autores señalan la reducción generalizada de los derechos de propiedad que se produjo cuando el gobierno obligó a los bancos a ampliar el crédito para cubrir el creciente déficit fiscal, puso fin al dólar fijo del sistema de convertibilidad, emitió cuasimonedas para solventar las operaciones del Estado, bloqueó las cuentas bancarias, no cumplió con el pago de su deuda internacional y, por último, devaluó el peso. Hasta que en la Argentina no se lleve a cabo una reforma política seria, no puede haber ninguna seguridad de que habrá estabilidad y crecimiento en el futuro.
Los autores sostienen, en concreto, que tiene que haber un "fin abrupto y permanente de la manía argentina de incurrir en déficit fiscales, ocultarlos y después sufrir las consecuencias de un gobierno que desconoce sus compromisos". Allan Meltzer, director del Centro Gailliot de Políticas Públicas de la Universidad Carnegie Mellon, y ex director de la Comisión de Asesores de la Institución Financiera Internacional (IFIAC, según sus siglas en inglés) hace hincapié en que la crisis de la deuda argentina se debió a una falla del gobierno y no del mercado: "El gobierno no llevó a cabo ninguna de las reformas necesarias para la recuperación". Al igual que López Murphy et al., Meltzer argumenta que "sin reforma política, hay pocas posibilidades de que se cumplan las nuevas promesas". Y, al igual que McDonough, Meltzer está a favor de un enfoque basado en el mercado para enfrentar las crisis de deuda soberana, además de la utilización de las cláusulas de acción colectiva (CAC) en títulos de deuda (véase Lerrick y Meltzer, 2002). Si se hace necesaria la participación del FMI, éste deberá desempeñar "un papel de apoyo al mercado", esto es, ayudar a crear un mercado líquido para la deuda soberana. El gobierno argentino canjearía la deuda vieja por bonos nuevos que contengan las CAC, y el FMI estaría dispuesto a comprar los bonos existentes a un precio mínimo fijado presuntamente por debajo de la oferta de mercado, dadas las expectativas de reformas futuras.1 Una vez resuelta la crisis de la deuda, el capital privado ingresará en la Argentina sólo si se logra convencer a los inversores de que la reforma es real. Para Meltzer, esto significa instituir "el imperio de la ley, políticas fiscales prudentes sistemas bancarios sólidos y regímenes viables de tipo de cambio".
El FMI no lo puede hacer, sólo la Argentina puede. Charles Calomiris, profesor de Economía de la Universidad de Columbia y ex miembro de la IFIAC, pone a consideración cinco lecciones sobre políticas que surgen de las crisis de la deuda argentina y brasileña:
1. La política fiscal define, en última instancia, la política monetaria en los países emergentes que no cuentan con un banco central confiable. La monetización de la deuda es siempre peligrosa.
2. Sin estabilidad política, no hay garantía de estabilidad bancaria, incluso en un sistema bancario bien reglamentado. En tiempos de crisis, el valor neto resultante de prácticas bancarias sanas y sólidas puede ser confiscado por funcionarios del gobierno para servir a sus propios intereses, tal como hizo en la Argentina el zar de la economía Domingo Cavallo cuando obligó a los bancos a financiar la deuda gubernamental.
3. El FMI no debe tratar de evitar los defaults de deuda soberana cuando están justificados. Los rescates proporcionan incentivos equivocados e impiden las soluciones de mercado.
4. El grado de libertad económica es una medida más significativa de la capacidad de endeudamiento de un país emergente que la relación entre deuda soberana y PBI. Las normas fiscales que limiten el gasto público y que impidan que los impuestos destruyan la actividad productiva, así como una política de comercio liberal, son los determinantes clave de la capacidad de un mercado emergente para pagar la deuda.
5. El contagio es "selectivo", en el sentido de que las malas políticas de un país emergente pueden afectar de modo adverso a otro mercado emergente sólo si ambos países aplican políticas similares.
