Las trampas (para Suarez) que esconde la idea de la zonificación minera
Después de la llegada del proyecto para modificar la Ley 7.722 y en la previa del tratamiento en comisiones, en los pasillos de la Casa de las Leyes de Mendoza algunos legisladores, principalmente de la oposición, hablan de un punto contradictorio que podría ser un arma de doble filo para Suarez.
Las dos principales modificaciones que propone el Ejecutivo provincial en el proyecto que envió para cambiar la Ley 7.722, la denominada ley antiminera, son la especificaciones de las sustancias que se podrán utilizar y su composición, además de eliminar la ratificación legislativa de las Declaraciones de Impacto Ambiental. Sin embargo, algunos legisladores y referentes políticos -especialmente de la oposición- reiteraron la idea de especificar en el texto o en una reglamentación, que se desarrolle la actividad en los lugares que haya licencia social.
La idea que mencionan técnicamente sería una zonificación, una medida que podría ser un arma de doble filo para el gobernador Rodolfo Suarez, impulsor del proyecto que está hoy en la Legislatura de Mendoza. En el fondo es dividir la provincia en zonas en las que se podría o no hacer minería, algo que incluso planteó -pero con diferencia- el exintendente de Malargüe y legislador Juan Agulles cuando pedía que a su departamento lo dejaran hacer minería más allá de la 7.722.
Para los expertos jurídicos hay un problema mayor en el caso que se decida zonificar y, en cierta forma, "declarar libre de minería" algún departamento de Mendoza. Esto porque en el Derecho Ambiental existe lo que se llama "principio de no regresión", por lo que en caso que una ley considere que en alguna zona no se puede hacer minería, aunque luego -en años o décadas- quieran cambiar de opinión y desarrollar la industria, no podrán hacerlo porque ese principo lo impediría. Considerando que muchas personas cambiaron de opinión en los últimos 12 años respecto a la actividad minera, no es descabellado pensar que quizás hoy algún jefe comunal o dirigente político puede impulsar algo que deje atada a una zona para siempre.
Otra problema simple de identificar que enfrentaría la zonificación, por ejemplo, sería el de las cuencas hídricas, porque más allá de que se decida hacer minería en un departamento y en otro no, será muy complejo resolver la discrepancia si una fuente de agua atraviesa zonas en las que tengan diferentes visiones y opiniones sobre la actividad.
Otro tema que sería díficil de resolver sería cómo se decide si la minería tiene la denominada "licencia social" en un departamento, porque hasta ahora se habla de ella pero no existen registros estadísticos reales que puedan permitir que alguien tenga la autoridad para decir -sin temor a equivocarse- dónde existe y dónde no existe una "licencia social". Igualmente, hay personas que se atribuyen la autoridad para asegurarlo.
Aunque desde el PJ ya entregaron al oficialismo algunos puntos que quieren modificar o agregar en el proyecto que envió Suarez, por ahora la zonificación no se incluyó y no pasa de ser un comentario y una intención lejana entre algunos legisladores.
Sin embargo, en el oficialismo no bajan la guardia porque algunos consideran que incluso puede tratarse de una maniobra para darle un golpe bajo a Suarez apenas inicia su gestión. "Si avanza esa idea después van a querer dejar afuera a Las Heras, porque Orozco habla en contra de la minería, y todo para que el Rody pague el costo político y no vea ningún beneficio", comentó un legislador radical. A lo que se refería era a que el proyecto que está más cerca de concretarse (en caso de modificar la 7.722) es San Jorge y está ubicado en ese departamento. Podría iniciar su construcción, pero no su producción antes de que se cumplan los 4 años de esta gestión. Igualmente sólo la construcción significaría generar unos 2.000 puestos de trabajo directos y una cifra aún superior de indirectos, lo que ya sería un punto de respaldo indiscutible para el impulso que está dando el gobernador.
El paso que está dando Suarez es una apuesta mayor, que incluso superará su período, y que puede ubicarlo como el gobernador que fue más allá de los costos políticos y apunto a asegurar y mejorar el destino del Estado, algo propio de un estadista. Eso porque aunque muchas personas piensen que Mendoza se llenará de minas si se modifica la 7.722, eso está muy lejos de producirse. Como ejemplo, y considerando a todos los que les gusta mirar a San Juan cuando se habla de minería, en la vecina provincia sólo hay tres proyectos en producción, aunque muchos de gran magnitud en exploración(lo que igualmente genera un movimiento importante en todo el sector industrial).
Con ese panorama esta semana será clave para la modificación de la Ley 7.722 e incluso puede ser la semana en la que se resuelva la posible modificación. Aunque pareciera estar cerca de cambiarse la normativa, no se puede dar nada por descontado hasta que se vote y se conozca el resultado, porque ya fueron muchos idas y vueltas en torno a la minería.
