Prioridad para determinadas personas: la abulia que apaga las leyes

El economista Carlos Abihaggle da cuenta aquí de normas que son dignas de ser aplaudidas, pero que a poco de ser promulgadas son "derogadas" por la falta de voluntad para aplicarlas y vigilar su aplicación a la vez.

Carlos Abihaggle

En septiembre del 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de Mendoza la ley 9337 que establece que es obligatorio otorgar prioridad de atención a:

- personas adultas mayores

- mujeres embarazadas

- personas con discapacidad o movilidad reducida

En

- Establecimientos públicos dependientes de la provincia de Mendoza

- Todo establecimiento privado que tenga atención al público

Luego, el artículo segundo establece multas para quienes incumplan la norma y el art tercero dispone la forma que cada persona certifica su pertenencia a los grupos mencionados.

Artículos posteriores establecen obligatoriedad de realizar campañas de concientización y exhibición de cartelería.

En caso de violación la Dirección de Defensa del Consumidor podrá, previa denuncia de parte interesada, aplicar sanciones. Y se invita a los municipios a adherir a la norma.

Más aún, la ley provincial 9099 que es el Código Contravencional sanciona con multa a quienes no cumplan y hasta la posibilidad de inhabilitación.

Y, asimismo, hay una interesante Guía Provincial para hacer su "comercio amigable con las personas mayores".

Hasta acá las normas legales y algunas acciones conocidas para que se cumplan las normas.

Sin embargo, la realidad cotidiana no permite apreciar que las mismas se cumplan.

En ese sentido sugiero que visualicemos si vemos cartelería y atención prioritaria en lugares de Mendoza tales como:

- Estación Terminal de Ómnibus

- Bancos

- Oficinas de pagos de impuestos y servicios

- Supermercados

- Farmacias

- Hospitales, clínicas, laboratorios

- Tiendas y comercios en general

- Entradas a espectáculos deportivos

- Aeropuertos

- Oficinas de migraciones, aduana, etc del complejo Los Horcones

Puede que me equivoque, pero tengo la impresión que hace falta que tales leyes se reglamenten y establezcan claramente el organismo de aplicación del gobierno de Mendoza.

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