Cómo los mecanismos legales pueden ser los más injustos

"Me mandé una cagada", fue una de las frases que Mauricio Suárez les dijo al menos a dos amigos en julio de 2006, después del crimen del psicólogo Flavio Piottante y su paciente Estrella Libedinsky, y antes de escapar y permanecer prófugo durante más de 15 años. Justamente, transcurrido ese tiempo, la causa prescribió y cuando apareció recientemente en Salvador Maza (Salta), apenas un par de horas pudieron retenerlo.

Encontraron al único sospechoso del doble crimen Piottante-Libedinsky

La figura de "prescripción" en lo Penal es un cruel recordatorio de cómo los mecanismos legales pueden, en ocasiones como ésta, alejarse de los principios fundamentales de justicia y equidad. Evoca así una sensación de impunidad difícil de digerir: el tiempo le otorgó al principal sospechoso de un doble asesinato una escapatoria de las consecuencias de sus acciones criminales. 

Con el paso de los años, las vidas perdidas se volvieron menos valiosas y la urgencia de encontrar justicia disminuyó progresivamente a cero.

Es entendible la prescripción en los ámbitos Civil o Laboral, cuando el desinterés del acreedor en el cobro de una deuda libera al deudor. O cuando el Estado entiende que si alguien deja abandonado 20 años un inmueble es porque no le interesa. Pero en lo Penal es imposible explicarlo con esos argumentos: nunca debería desaparecer el interés de la familia o el Estado cuando se busca a un asesino o sospechoso de serlo.

En lo estrictamente técnico se justifica la prescripción penal en la "seguridad jurídica", en que el tiempo erosionaría evidencia y haría difuso los testimonios de testigos, y en que esta figura (de prescripción) incentivaría a los investigadores a tener celeridad en las causas. Pero la misma erosión de evidencia y demás inconvenientes también afectarían a los crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. ¿Por qué no hacerlo con todos los asesinatos?

En última instancia, la prescripción en la Justicia Penal genera una sensación de desamparo y vulnerabilidad ante un sistema que debería existir para proteger y brindar justicia a las víctimas y sus familiares.

El caso de Mauricio Suárez, quien por estos días se encontraría en Bolivia (ingresó a ese país vía Pocitos el lunes 7 de agosto, plantea preguntas sobre el propósito y los valores de nuestro sistema legal, y nos insta a pensar un sistema que honre la memoria de las víctimas y proporcione una verdadera sensación de justicia a quienes han sufrido pérdidas irreparables, y a la ciudadanía en general.

El caso y por qué apuntaron a Suárez

Los cuerpos de Flavio Piottante y Estrella Libedinsky fueron encontrados la mañana del 13 de julio de 2006 en el consultorio del psicólogo, en calle Barcala 484 de la Ciudad de Mendoza (foto superior). Las víctimas estaban vinculadas por tres factores: eran profesor y alumna, psicólogo y paciente, y también mantenían una relación sentimental, aunque no era la única pareja de Piottante, un dato clave a la hora de buscar a el o los asesinos.

Piottante, además de Libedinsky, tenía una relación con una compañera de trabajo de la cárcel de San Felipe, Andrea Troncoso, quien era la esposa de Mauricio Suárez. A partir de allí, surgieron tres datos que ratificaron las sospechas contra Suárez: una huella en la escena del crimen era compatible con una pisada de él (por el talle), las antenas telefónicas localizaron su teléfono celular en la escena del crimen a la hora que habría sucedido, y el testimonio de un amigo que reveló aquella frase de "me mandé una cagada".

Para completar las sospechas de que Suárez sería el o uno de los asesinos, cuando lo fueron a buscar nunca lo encontraron. Días después del crimen de Piottante y Libedinsky, escapó, dejando en Mendoza a un hijo que en ese entonces tenía 3 años y al resto de su familia, y una enorme cantidad de preguntas sin responder. Por ejemplo, si hubo alguien más en la escena del crimen.

Por un lado, siempre se tuvo la certeza de que, tal como sucedió con Alejandro Amitrano (ver aparte), una vez que Suárez fuese hallado sería condenado por el crimen, habida cuenta de las pruebas iniciales y su accionar posterior. Y también en los últimos 17 años hubo una "casi" certeza de los investigadores: la participación de más personas en el doble asesinato de calle Barcala.

En dónde buscaron al prófugo Mauricio Suárez en los últimos 15 años

Al respecto, Piottante era una persona de 1,90 metros y había hecho cursos de defensa personal. Así y todo, su cuerpo presentaba síntomas de haber sido golpeado en reiteradas ocasiones y derribado antes de recibir dos impactos de bala que acabaron con su vida. ¿Pudo una sola persona hacer esto? Y a Libedinsky, además de golpearla, no la mataron a balazos, sino la estrangularon con una soga.

Semanas después del crimen y ya con Suárez prófugo, la fiscalía entrevistó a dos hermanos que habían realizado trabajos de albañilería para el principal sospechoso. Entre otras pruebas que apuntaron contra ellos, se destacó el registro de llamadas de Suarez, quien los días previos y en la fecha del doble asesinato se comunicó con sus empleados. Sin embargo, nunca fueron imputados.

La acción penal contra Suarez (49) prescribió en septiembre de 2022, transcurrido el tiempo establecido en el Código Penal para delitos que implicasen una condena a prisión perpetua. Por esos días, la última fiscal de la causa, Claudia Ríos, dijo que lo habían buscado en distintas provincias e incluso en Chile, sin poder dar con su paradero. Finalmente, apareció en la frontera argentino-boliviana de Salvador Maza y Pocitos, donde se lo retuvo un par de horas hasta verificar que el pedido de captura internacional ya no estaba vigente. 

Un par de horas demorado en la frontera, la única condena que tendrá uno de los crímenes más recordados de la historia reciente de Mendoza.