Mendoza merece una mejor política de viviendas

Según las proyecciones del censo 2010 y reafirmado por los mismos funcionarios provinciales, Mendoza, cuenta con un déficit habitacional de entre 70.000 a 80.000 viviendas, pero a su vez, según lo publicado por el mismo Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V.), en abril del 2018, habían 103.320 grupos familiares inscriptos en el Registro de Necesidades Habitacionales (ReNHabit), a la espera de alguna solución habitacional.

Daniel Urquiza

Mendoza necesita discutir seriamente cómo facilita el acceso al suelo, cómo facilita el acceso a la vivienda digna, cómo facilita la integración socio urbana, pensando en aquellas y aquellos que viven hacinados, los matrimonios jóvenes que viven con sus padres, en quienes viven en una precariedad absoluta, en las y los trabajadores que tienen que destinar el 50% de sus ingresos en un alquiler y en quienes sueñan con su techo propio dignamente.

Una semana donde la agenda mediática y política ha estado signada por la "toma de tierras de Guernica" como nos la hicieron conocer, situación que comenzó el pasado 20 de julio y que tuvo un desenlace grave y doloroso por donde se lo mire.

Grave porque nunca debe justificarse el uso de la fuerza para resolver un conflicto que trae consigo una problemática social, grave porque la justicia que interviene en conflictos sociales complejos debe comprender a la situación de un modo integral y buscar soluciones que, no solo descompriman el conflicto, sino que atiendan las demandas de las partes en búsqueda de una resolución que vaya al fondo del problema y proponga garantizar a las partes sus derechos -los de la propiedad privada y los de acceso a una vivienda digna, ambos consagrados en nuestra Constitución-. Siempre que se trata de conflictos de este tipo, el tiempo para resolverlos, no debe apremiar nunca, como tampoco puede agotarse el diálogo.

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Muchas horas de televisión, muchos titulares, mucho debate en las redes sociales, en el almacén, en cada hogar. Toma de tierras sí, toma de tierras no. Propiedad privada sí, propiedad privada no. Subsidios sí, subsidios no. Estas falsas dicotomías nos llevan a evadir el análisis del fondo de la cuestión y no nos permiten analizar una problemática que afecta a muchas y muchos más que las 2.000 familias que ocuparon ese predio.

Pero quedémonos tranquilos que "en Mendoza no se permitirán tomas de terreno", algo que el gobierno de la provincia apuró a decir frente a los hechos que tomaron relevancia hace unos días. Casi como si la situación habitacional de Mendoza estuviera resuelta con dicha afirmación.

Según las proyecciones del censo 2010 y reafirmado por los mismos funcionarios provinciales, Mendoza, cuenta con un déficit habitacional de entre 70.000 a 80.000 viviendas, pero a su vez, según lo publicado por el mismo Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V.), en abril del 2018, habían 103.320 grupos familiares inscriptos en el Registro de Necesidades Habitacionales (ReNHabit), a la espera de alguna solución habitacional.

Asimismo, nuestra provincia, cuenta con 247 barrios populares, según datos del año 2017, que se encuentran formalmente incorporados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), y reconocidos por la ley de integración socio urbana N° 27453, y con alrededor de 40 barrios más a la espera de ser incorporados. Los barrios populares son los que antiguamente se conocían como "villas" y "asentamientos", vale aclarar.

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Este año el I.PV. cumplió 73 años y para celebrarlo las autoridades pusieron a disposición una estadística que resulta llamativa frente a la realidad actual. Si bien no corresponde hacer un análisis comparativo debido al constante crecimiento demográfico y otros factores, al menos resulta interesante poner algunos números al lado de otros. Concretamente, el organismo encargado de la política habitacional en sus 73 años de vida, ha logrado entregar 100.178 viviendas, por lo que podemos decir que la demanda espontánea actual (103.200 grupos familiares) supera a las viviendas entregadas en toda la historia del I.P.V. o que el déficit actual de viviendas reconocido por el gobierno, supera el 70% de las viviendas entregadas históricamente por ese organismo.

Lo cierto es que los anuncios de los últimos tiempos del I.PV. se encuentran bastante lejos de ser una respuesta efectiva a esta problemática. Pocas viviendas, un sistema burocrático excluyente, salvavidas de plomo como los créditos UVA a cientos de adjudicatarios y no se conocen grandes resultados. Un ejemplo de ello es el lanzamiento del Programa Mendoza Construye -su política más conocida en los últimos años- que desde su inicio recibió más de 20.000 solicitudes, de las cuales apenas 1.300 pasaron el proceso de precalificación y quedaron en carpeta, lo que significa que menos del 7% de los postulantes calificó. Esta situación evidencia hacia qué sector se dirige las pocas políticas de vivienda y lo lejos que se encuentra de programas que satisfagan la demanda.

Por eso hablar solamente "toma de tierras sí o toma de tierras no", nos aleja de la posibilidad de debatir profundamente qué Mendoza queremos y cómo pretendemos que sea la calidad de vida de sus habitantes y de cómo quienes tienen la responsabilidad de gobernar, piensan en serio, en el futuro de las mendocinas y mendocinos. Declarar la emergencia habitacional debe ser un primer paso de reconocimiento de la realidad,

Mendoza necesita una profunda reformulación del organismo que debe llevar adelante su política de acceso al hábitat, pero principalmente debe pensarla como política de Estado y poder considerarla como lo que es, un Derecho.

Mendoza necesita discutir seriamente cómo facilita el acceso al suelo, cómo facilita el acceso a la vivienda digna, cómo facilita la integración socio urbana, pensando en aquellas y aquellos que viven hacinados, los matrimonios jóvenes que viven con sus padres, en quienes viven en una precariedad absoluta, en las y los trabajadores que tienen que destinar el 50% de sus ingresos en un alquiler y en quienes sueñan con su techo propio dignamente.

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