San Jorge y el desafío de confiar en el Estado
El criminólogo Eduardo Muñoz analiza qué hay detrás de los temores contra la actividad minera y cómo reslverlo.
La reciente audiencia pública realizada en Uspallata por el proyecto minero San Jorge Cobre Mendocino"reavivó el debate sobre la minería en Mendoza.
Tras un fin de semana intenso, con gran participación ciudadana y una mayoría de exposiciones a favor del desarrollo del emprendimiento, según datos oficiales, la discusión vuelve al centro de la escena provincial.
Pero esta vez con un matiz clave: más que minería sí o no, la pregunta de fondo es si el Estado provincial está en condiciones de garantizar un desarrollo responsable, transparente y sustentable.
La desconfianza no es irracional
En Mendoza, los rechazos a la minería no responden solamente a posturas ambientalistas. Hay una desconfianza estructural en el Estado.
No en el concepto abstracto, sino en su capacidad real de ejercer control sobre empresas, proteger el medio ambiente, sancionar irregularidades y hacer cumplir la ley. No se trata de prejuicio, sino de experiencia.
En muchos casos, la ciudadanía ha visto cómo los intereses económicos se imponen, cómo los controles fallan y cómo el acceso al agua o la salud ambiental quedan en segundo plano.
Una mirada criminológica: el crimen ambiental y la gobernanza
Desde una perspectiva criminológica, la minería sin controles efectivos puede entenderse como un tipo de crimen ambiental sistémico. No es solo un delito puntual como un derrame o una contaminación visible, sino la degradación progresiva y legalizada de recursos naturales, facilitada por instituciones débiles o corruptas. Este tipo de criminalidad tiene un impacto silencioso pero profundo en las comunidades, afectando la salud, la seguridad y la cohesión social a largo plazo.
La gobernanza deficiente, la opacidad y la falta de participación ciudadana legitiman este "crimen institucional", que muchas veces escapa al escrutinio público y favorece intereses particulares en detrimento del bien común.
¿Para qué y para quién?
La matriz productiva mendocina, centrada en la vitivinicultura, el agro y el turismo, necesita diversificarse. La minería, si se hace bien, puede ser una vía de desarrollo. Pero el debate no puede ser binario. Hay que preguntarse cómo se va a hacer, con qué reglas, con qué controles y con qué beneficios concretos para las comunidades.
El problema no es la actividad extractiva en sí, sino su contexto: instituciones debilitadas, baja credibilidad estatal, poca participación ciudadana real y antecedentes de opacidad. Si esas condiciones no cambian, difícilmente la sociedad aceptará nuevos proyectos, por más promesas que se hagan.
Un contrato social en revisión
La conflictividad social que generan estos proyectos revela algo más profundo: una revisión del contrato social entre ciudadanía y Estado. En 2019 las calles hablaron en Mendoza. Y en democracia, cuando la ciudadanía se moviliza en defensa del agua, de su entorno y de sus derechos, no puede ser tratada como un obstáculo al desarrollo. Al contrario, es una señal de alerta.
Ignorar ese mensaje solo amplía la brecha entre la política y la gente. El camino no es imponer una agenda minera, sino abrir un diálogo creíble, con auditorías independientes, mecanismos de participación eficaces y la voluntad de decir "no" cuando sea necesario.
Una oportunidad para hacerlo bien
El proyecto San Jorge es, quizás, una oportunidad para mostrar que el Estado puede hacer las cosas bien. Que puede regular, controlar, transparentar y sancionar si corresponde. Que puede, en definitiva, gobernar.
La pregunta no es si Mendoza puede hacer minería. La pregunta es si puede hacerla bien. Con instituciones fuertes, con justicia ambiental y con un futuro donde desarrollo y derechos no sean incompatibles, sino parte del mismo camino.
