El precio del ajuste: menos trabajo, menos futuro, menos Mendoza

Los datos son contundentes y no admiten interpretaciones livianas: más de 13.000 empleos industriales se perdieron en Mendoza desde que asumió Javier Milei, con el apoyo explícito y sostenido del gobernador Alfredo Cornejo. 

Esta caída representa la mayor contracción registrada en la historia del sector, y expone con crudeza el impacto directo que tiene un modelo económico que combina ajuste, desregulación, apertura sin criterio y desentendimiento del rol del Estado. Mientras la economía nacional se encierra en una lógica de castigo al mercado interno, en Mendoza el gobierno provincial actúa como socio silencioso de ese rumbo.

Lejos de oponerse o al menos plantear un marco diferenciado para las economías regionales, la gestión local eligió acompañar sin cuestionamientos. Frente a los tarifazos energéticos que ahogaron a las pymes, al cierre del crédito productivo que paralizó inversiones, al derrumbe del consumo que redujo la actividad en todos los rubros, el Gobierno provincial decidió mirar hacia otro lado y sostener un relato de supuesta estabilidad que poco tiene que ver con la realidad de miles de familias mendocinas.

El acuerdo que hoy se está por cerrar con La Libertad Avanza no es una anécdota partidaria, sino una definición política concreta: es el respaldo a un proyecto que ataca el trabajo, la industria y el entramado productivo local.

A este escenario crítico se suma el deterioro de las condiciones estructurales ya que, las industrias mendocinas no solo enfrentan costos de producción desorbitantes por el aumento del combustible, la energía y los insumos importados, sino que además lidian con una demanda interna que se derrumba mes a mes y con servicios logísticos cada vez más caros y lentos, lo que encarece aún más cualquier intento de exportación. 

En este contexto, las fábricas achican turnos, suspenden trabajadores, paralizan líneas de producción y, en muchos casos, cierran.

La pérdida masiva de empleos industriales no es una estadística más, porque representa miles de historias truncadas, miles de personas que dejaron de tener ingresos estables, miles de hogares que cayeron en la incertidumbre. 

También representa el debilitamiento de un sector que genera valor agregado, que aporta a la diversificación económica y que sostiene, directa o indirectamente, a buena parte de la actividad comercial, logística y de servicios de la provincia. No hay crecimiento sostenible sin industria, y mucho menos sin empleo formal.

La respuesta del Estado debería ser clara: frenar el deterioro con políticas activas, defender con firmeza a quienes invierten y producen en Mendoza, exigir tarifas razonables, eliminar asimetrías logísticas, mejorar el acceso al crédito y fomentar el consumo interno sin vergüenza, porque allí está la verdadera palanca del desarrollo. 

Sin embargo, se elige otra cosa y se prefiere sellar acuerdos con quienes han demostrado desprecio por lo público, por la producción nacional y por el federalismo, aunque eso implique naturalizar el cierre de fábricas y la expulsión de trabajadores.

Persistir en este rumbo es profundizar la crisis, resignarse a una provincia menos productiva, más desigual y sin herramientas para sostener su propio futuro. Mendoza merece otra política: una que escuche, que planifique, que defienda el trabajo como motor central y que no renuncie a su capacidad de generar valor con identidad, con esfuerzo y con inteligencia colectiva. 

Esa es la discusión de fondo que el Gobierno provincial debería estar dando, en lugar de firmar su alineamiento con quienes vacían de contenido la palabra Estado y descartan la posibilidad de construir un proyecto de desarrollo justo y equitativo.

*Emanuel Fugazzotto es diputado provincial del Partido Verde