Memoria, acuerdo del peronismo y el gremialismo con Onganía
Carlos García revisita el origen del poder económico del sindicalismo argentino y el acuerdo sellado con la dictadura de Onganía a través de la Ley 18.610. Una mirada histórica sobre las consecuencias institucionales de un pacto que redefinió la relación entre el Estado, los gremios y la República.
La Ley 18.610 (1970)
Aunque las negociaciones comenzaron temprano, el "gran acuerdo" se materializó legalmente hacia el final del mandato de Onganía, con la promulgación de la Ley 18.610.
¿Qué estableció?
La obligatoriedad de los aportes tanto de empleados como de empleadores para financiar los servicios de salud (Obras Sociales) administrados por los sindicatos.
El aporte:
Se fijó un sistema donde el trabajador aportaba un porcentaje de su sueldo y el empleador otro tanto, creando una caja de recursos masiva y constante.
¿Por qué fue un acuerdo clave?
Para ambas partes, este pacto tuvo beneficios estratégicos inmediatos, aunque con consecuencias a largo plazo.
Para los sindicatos (el gremialismo):
Poder económico:
Los sindicatos pasaron de ser meras organizaciones de lucha gremial a convertirse en gigantescas estructuras prestadoras de servicios, con presupuestos millonarios.
Institucionalización:
El manejo de la salud les dio un control territorial y social sobre sus afiliados que iba mucho más allá de la paritaria salarial.
Supervivencia:
Les permitió mantener una estructura poderosa incluso bajo una dictadura que prohibía la actividad política.
Con este regalo, Onganía premió a los gremios por su colaboración con el golpe de 1966. Entre sus colaboradores estaban Alonso, Vandor y Miguel.
Es el caro precio que paga la República cuando caen sus instituciones.
