Inestable tranquilidad en la macro con problemas sociales crecientes

Desde la decisión del gobierno de Javier Milei de retirar el proyecto de ley del Congreso, quedó claro que los grupos de resistencia dentro del ámbito legislativo era mucho más fuertes y en una cantidad quizás mayor a la que el gobierno pensaba. Estos grupos ultraconservadores se disfrazan de progresistas, cuando son totalmente reaccionarios y enemigos del progreso de los ciudadanos. Solo defienden el progreso de los grupos corporativos que representan y defienden.

Qué hay de bueno, de malo y de incierto en el déficit cero de Milei

En las huestes del gobierno hay opiniones encontradas, aunque, como se sabe, el que decide es el presidente, pero, mientras tanto, ellos se pelean. Hay un grupo más duro que quiere volver a mandar el proyecto de ley sin sacarle nada y ponerlo a disposición del Congreso. A cambio, les mandan mensajes a los gobernadores para que acepten un acuerdo que implica apoyar la ley a cambio de aprobar un paquete financiero que ayude a la gestión de mandatarios provinciales. Otros eran de la idea de "desguazar" el proyecto y mandar los distintos proyectos por separado.

Pero donde el problema es serio es en el caso de las provincias. Hay unas pocas que están más o menos ordenadas (caso Mendoza) y que no han dependido de transferencias discrecionales per hay una mayoría que se apoyaron en esas transferencias o en créditos de sus bancos provinciales. Y el problema es que tiene un volumen de gasto muy importante que no pueden financiar y algo similar le pasa a una gran cantidad de municipios en el país.

Las provincias creyeron que podían apretar a Milei y se encontraron con una roca. Ahí se dieron cuenta del error que cometieron cuando apoyaron la eliminación del impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia, para apoyar la campaña de Sergio Massa. Además, no creyeron que el presidente cumpliría con la eliminación de las transferencias discrecionales, que no son más que una distorsión utilizada con fines de sometimiento político.

Y están entrampados porque mucho del gasto tiene que ver con compromisos políticos y no están dispuestos a hacer ajustes. Todos quieren tener el rédito político de gastar, pero no quieren pagar el costo político de ajustar o de cobrar. Hoy están tratando e ir a la justicia intentando que se les reintegren fondos para subsidiar el transporte, incentivos docentes y otros reclaman otros fondos. Aunque los jueces no quieren, los ponen a tratar de resolver conflictos entre políticos.

Los problemas que debe afrontar el Gobierno

Esta semana hubo declaraciones muy exitistas, tanto del ministro Luis Caputo como del presidente Milei. Apoyados en los resultados fiscales del mes de enero ya se comenzaron a hacer algunas proyecciones, demasiado optimistas, sobre todo cuando se considera la forma en que se consiguió ese resultado de un superávit financiero de $500.000 millones. Es que ese éxito se consiguió, básicamente, con atraso del 36% de las jubilaciones, un 15% de los salarios estatales y la postergación de varios pagos a proveedores y paralización de obras públicas.  

El gobierno busca un nuevo acuerdo con el FMI

Por esta razón es que la vicedirectora del FMI, Gita Gopinath, reconoció el esfuerzo del superávit, pero se mostró preocupada por las consecuencias sociales de la recesión y le planteó la necesidad de establecer un plan de estabilización, que implica la liberación cambiaria y las reformas laboral e impositiva. Es decir, el superávit fiscal debería conseguirse con la economía en marcha y creando empleo. El tema de los jubilados había sido un tema que en la primera visita se había planteado y que el Gobierno le echa la culpa a la oposición.

La representante del FMI dejó una advertencia en el comunicado final antes de partir: "Dados los costos de estabilización a corto plazo, son esenciales esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como para garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras. Trabajar de manera pragmática para generar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas".

Dentro del equipo de Gobierno hay un grupo trabajando para enviar al Congreso el proyecto de reforma laboral, mientras otro grupo, y con más tiempo, lo hace en una reforma impositiva, pero, además, es necesario recuperar un escenario de diálogo con los gobernadores y la oposición. Las descalificaciones que en forma permanente hace el presidente hacia estos sectores no ayudan, a pesar de que la resistencia de los grupos hoy conservadores (kirchneristas, radicales y la izquierda).

El comienzo de las sesiones legislativas será un momento adecuado para intentar este acercamiento porque, como le advirtió el FMI, licuar jubilaciones o postergar pagos a proveedores no es sostenible en el tiempo. Por eso es que le dicen que el equilibrio fiscal, en sí mismo, no es un plan de estabilización. Hoy el Fondo está sorprendido por el ajuste y está preocupado por las consecuencias sociales de mismo porque ello puede comprometer la gobernabilidad. Con este nivel de hostilidad tendrá el gobierno un tránsito muy complejo estos 4 años, cuando sería posible hacerlo con un poco más de empatía.

Milei tiene el problema de que no está gestionando. Se puso como objetivo parar la inflación y eliminar el déficit y lo está consiguiendo. Desde que asumió, la base monetaria se mantiene constante, lo que implica que no hubo emisión para financiar el gasto, pero, como sí la hubo para pagar obligaciones del Banco Central y para comprar reservas, todo ello se ha compensado con nuevos bonos que han absorbido las diferencias. Pero esto solo no implica un plan de estabilización y, mucho menos, un plan de reactivación de la economía.

Todavía le falta completar cargos, pensar en soluciones realistas y no ideológicas para el tema de las obras públicas. Hay muchas obras paralizadas que si no se terminan implican una descapitalización para el Estado porque lo hecho hasta ahora ya se pagó y no tiene sentido dejar obras inconclusas. Hacia el futuro, se puede plantear obras por peaje, pero ello solo sería posible en un contexto de probada estabilidad económica y reglas de juego estables, algo que nunca caracterizó a la clase política argentina.

El desafío que espera al Gobierno no es menor. Por ahora, la parte financiera la llevan bien. El dólar parece contenido, el Banco Central sigue acumulando reservas, pero los problemas del desempleo y la pobreza son aprovechados por los gremios para oponerse a reformas estructurales.

Pero el Gobierno también usa la pobreza como excusa, ya que tanto el ministro Caputo como el presidente Milei dicen que no hay más plata para los jubilados, pero agregan que "solo el 15% de los jubilados son pobres" lo cual es una falacia. Hay más de 5 millones de jubilados que cobran por debajo de los niveles de pobreza y eso representa mucho más del 15%. Además, descartar una ayuda solo por una cuenta porcentual, cuando los jubilados aportaron toda su vida, es un argumento chicanero propio de economistas sin contactos con la realidad.