Las aseguradoras fantasma: un dolor de cabeza

Cada vez con más frecuencia, los siniestros de tránsito terminan todos igual, en donde la víctima espera, el expediente avanza, el juez condena... y nadie cobra. En el escenario actual de "compañías fantasmas", las sentencias se vuelven meras piezas ornamentales: impecables en lo formal, inútiles en lo real. Los bancos no registran activos, los embargos naufragan y el proceso judicial se transforma en un laberinto que inexorablemente desemboca en la insolvencia y en una reparación que nunca llega.

El fenómeno no es aislado ni accidental, puesto que en los últimos años proliferaron pólizas emitidas por entidades sin autorización vigente, con habilitaciones suspendidas o directamente revocadas por la autoridad de control. A ello se suma otro problema: empresas que continúan operando a pesar de arrastrar déficits técnicos, reservas insuficientes, irregularidades contables o serios incumplimientos administrativos. En algunos casos, incluso, se detectan aseguradoras que venden pólizas a precios irrisorios sin ningún respaldo real detrás, ofreciendo un producto que aparenta ser seguro, pero que en los hechos funciona como un verdadero fraude que deja al usuario completamente desamparado.

El damnificado es quien recibe el impacto más brutal. Sin aseguradora solvente, no se activa la cobertura prevista por la Ley de Seguros y el reclamo termina dirigido contra el dueño o conductor del vehículo, que rara vez tiene patrimonio suficiente para responder. El resultado: procesos interminables, costos crecientes y una expectativa de cobro que se diluye hasta desaparecer.

Para quien contrata tampoco hay alivio. Muchos creen haber cumplido con la obligación legal de circular asegurados, pero en realidad circulan con pólizas inválidas, emitidas por empresas que no pueden -o no deben operar. Lo barato termina saliendo carísimo: ante un siniestro, quedan expuestos a sanciones, responsabilidad directa y la certeza de que nadie cubrirá el daño.

A esta crisis estructural del mercado asegurador se le suma un dato que pocas veces se analiza: el funcionamiento actual de la justicia civil ha mejorado notablemente en previsibilidad gracias a sistemas de gestión moderna que permiten estimar con precisión el tiempo de tramitación, ello en asidero a que hoy por hoy con las reformas acaecidas se goza de un "case management" (burdamente hablando, técnica de gestión judicial que busca administrar los procesos de manera eficiente, adaptando su tramitación a la complejidad de cada caso para lograr una solución justa y expedita). Pero todo ese avance se desmorona cuando interviene una aseguradora insolvente: de un proceso ordenado se pasa a un callejón sin salida, donde la sentencia, por más sólida que sea, pierde todo efecto práctico.

La consecuencia es devastadora, las sentencias quedan para enmarcar, no para cumplir, los expedientes se llenan de oficios sin respuesta, embargos frustrados y constancias que solo certifican lo obvio: no hay fondos, no hay bienes, no hay estructura económica que permita ejecutar la condena. Mientras tanto, la víctima sigue esperando.

Esta realidad descripta con antelación, erosiona la confianza pública, debilita la función de control estatal y vacía de contenido la función social del seguro. Permitir que operen entidades sin solvencia ni habilitación convierte todo el sistema en un terreno incierto, costoso e injusto, donde la víctima paga las consecuencias de quienes deberían responder.

No obstante lo expuesto, es menester enfatizar en que frente a este panorama, es indispensable avanzar en soluciones concretas: un registro público, simple y accesible, que permita verificar en segundos si una entidad está habilitada; mayores controles preventivos para impedir que empresas en crisis sigan emitiendo pólizas; y, como medida estructural, la creación de un fondo compensador que garantice un mínimo de tutela cuando se verifique que detrás del contrato no había asegurador real.

Para concluir, es dable argüir, que el seguro es una herramienta de orden público diseñada para proteger patrimonios y brindar respaldo en situaciones críticas. Cuando el mercado se llena de actores sin solvencia y el Estado no logra frenarlos a tiempo, no solo se vulneran derechos individuales: se rompe la promesa esencial de la reparación efectiva. Exigir aseguradoras serias, auditadas y solventes no es un capricho: es la condición indispensable para que la justicia no quede escrita solo en la sentencia, sino también en la realidad.