Frenar el silenciamiento: Una ley Anti-SLAPP para Mendoza y Argentina
¿Qué son las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública? La autora analiza la necesidad de tener herramientas legales para que haya fair play en los debates públicos.
En los últimos años, ha comenzado a visibilizarse en distintos ámbitos una práctica preocupante que amenaza la calidad de nuestras democracias: el uso del sistema judicial como herramienta de intimidación.
Las llamadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés, no persiguen justicia en sentido estricto, sino que buscan desgastar, silenciar y disciplinar a quienes se expresan sobre asuntos de interés público.
Periodistas, activistas ambientales, organizaciones sociales e incluso ciudadanos comunes pueden verse expuestos a procesos judiciales largos, costosos y emocionalmente agotadores simplemente por ejercer su derecho a opinar, denunciar o participar en debates colectivos. Aunque muchas de estas demandas carezcan de sustento sólido, el daño ya está hecho: el miedo a las consecuencias legales genera autocensura y debilita la vida democrática.
No se trata únicamente de proteger a quienes son demandados. El problema es más profundo: cuando una persona es silenciada, se empobrece el debate público en su conjunto. La democracia no se reduce al acto electoral; se sostiene, día a día, en la posibilidad de expresar ideas, cuestionar decisiones y participar activamente en los asuntos comunes.
La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos son claros al respecto: la libertad de expresión y la participación ciudadana son pilares fundamentales del Estado de Derecho. Sin embargo, estos derechos no se garantizan únicamente con su reconocimiento formal. Es necesario contar con herramientas concretas que impidan su vulneración.
En este sentido, el tratamiento de una ley Anti-SLAPP en el país y en la provincia representa una oportunidad histórica. Este tipo de legislación permite identificar tempranamente demandas abusivas y desestimarlas antes de que generen perjuicios irreparables. No se busca limitar el acceso a la justicia, sino evitar su uso distorsionado como mecanismo de censura indirecta.
Apoyar una iniciativa de este tipo no implica tomar partido por un sector en particular. Implica, en cambio, defender reglas de juego claras para todos: que nadie pueda ser castigado por participar en la vida pública, y que el sistema judicial no sea utilizado como un instrumento de presión.
En tiempos donde la desinformación, la polarización y la desconfianza institucional desafían a las democracias contemporáneas, fortalecer las garantías de expresión y participación resulta más urgente que nunca. Mendoza tiene hoy la posibilidad de dar un paso firme en esa dirección.
Porque, en definitiva, una sociedad donde se puede hablar sin miedo es una sociedad más justa, más transparente y, sobre todo, más democrática.
