La oposición presiona para que Marinelli explique la habilitación de pozos en zona vedada
Tras autorizar perforaciones para empresarios en una subcuenca con restricciones vigentes, el superintendente Sergio Marinelli quedó en la mira. La Legislatura lo citará en julio y ya se menciona la posibilidad de un jury.
Una decisión administrativa del Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza reavivó tensiones políticas y técnicas en torno al manejo del recurso hídrico. La oposición en la Legislatura provincial pidió explicaciones formales al superintendente Sergio Marinelli, tras conocerse que autorizó nueve pozos de agua en una zona expresamente restringida para perforaciones.
La medida, adoptada en febrero de este año a través de la Resolución 125/2025, habilita nuevas perforaciones en la subcuenca El Carrizal, ubicada sobre el margen derecho del río Mendoza, en la zona de Agrelo. Sin embargo, esa misma área había sido alcanzada por una veda por dos años, impuesta por Irrigación en agosto de 2024 debido a la sobreexplotación del acuífero y el impacto del cambio climático.
El caso tomó dimensión política cuando se conoció que los nuevos permisos benefician a un grupo reducido de empresarios de alto perfil, entre ellos Eduardo Elsztain, presidente del Grupo IRSA y Cresud, que recibió cinco perforaciones para regar 424 hectáreas. También fueron favorecidos el empresario coreano Young Woo (con dos pozos), el bodeguero Walter Bressia (con uno para uso industrial y recreativo), y Pedro García Mateo, que accedió a un pozo más.
Ante las críticas, Marinelli argumentó que las autorizaciones no violan la restricción porque se trata de "volúmenes remanentes" de derechos de agua otorgados en años anteriores, pero no utilizados, y que se actuó en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema provincial que obligaba a dar respuesta a esos expedientes.
Sin embargo, desde distintos sectores técnicos y políticos cuestionan esa interpretación. El Instituto Nacional del Agua (INA) había recomendado mantener la veda vigente, tras confirmar el descenso sostenido del acuífero desde 2012, con signos claros de sobreexplotación.
Desde el oficialismo en la Legislatura ya se anticipó que Marinelli será citado en julio para brindar explicaciones. Y desde la oposición, el kirchnerismo pidió someter al titular de DGI a un jury político, en paralelo con la situación ocurrida en 2010, cuando el entonces superintendente Eduardo Frigerio fue denunciado por autorizar pozos en la misma zona, en un expediente que aún no fue resuelto por la Corte mendocina.
Otro punto que genera inquietud institucional es que la Resolución 125 aún no fue convalidada por el Tribunal Administrativo del propio Departamento General de Irrigación, lo que alimenta los cuestionamientos sobre la concentración de poder en la figura del superintendente.
Más allá del plano técnico y legal, la decisión tuvo también efectos económicos concretos: al dotar de agua a tierras que estaban secas, los nuevos pozos aumentaron de forma exponencial el valor de mercado de esos campos. Según estimaciones del sector inmobiliario rural, el valor por hectárea en la zona puede pasar de US$ 1.500-3.000 a US$ 25.000-40.000, lo que representa una plusvalía potencial de hasta 24 millones de dólares para los propietarios beneficiados.
La respuesta de Marinelli
Frente a las críticas, Marinelli defendió su accionar. Aseguró que la habilitación de los pozos no implica extraer más agua de la prevista y que se trata de un ordenamiento de "volúmenes remanentes" de permisos anteriores que nunca se ejecutaron. "No se ha dispuesto de una sola gota más de agua de lo que se había previsto en el proceso original", declaró.
El funcionario también explicó que actuó en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema provincial, que exigía resolver expedientes demorados. Señaló que los permisos fueron otorgados con requisitos técnicos estrictos, incluyendo el compromiso de instalar estaciones hidrológicas para monitoreo constante.
Además, Marinelli sostuvo que la medida forma parte de un proceso más amplio de regularización administrativa y transparencia, tras años de funcionamiento opaco en el área: "Nosotros eliminamos el mercado negro de pozos. Ordenamos más de 150 expedientes en base a criterios técnicos. Y seguimos un procedimiento que puede ser auditado", indicó.
También remarcó que, desde su llegada en abril de 2024, impulsa una política de apertura de datos y modernización institucional en Irrigación.
Además, el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, solicitó ser convocado a la Legislatura a raíz de los cuestionamientos a su decisión de otorgar nueve permisos de perforaciones subterráneas en una zona donde las perforaciones están restringidas
