"Estamos sacando policías de la calle y no llegan a fin de mes": fuerte advertencia en Mendoza tras el conflicto en Santa Fe

El conflicto policial que estalló en Santa Fe y que volvió a poner en agenda la situación de las fuerzas de seguridad tuvo su repercusión en Mendoza. Aquí no hubo acuartelamientos ni protestas en la calle, pero sí un petitorio formal y una advertencia pública que dejó expuesto el malestar de parte de la tropa.

En diálogo con el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post, Liliana Cortés, referente de la Asociación de Esposas de Policías y Penitenciarios de Mendoza, trazó un diagnóstico crudo. "Gracias por la oportunidad de comunicar a los mendocinos la realidad en la que hoy está la seguridad", comenzó diciendo, antes de aclarar que habla también desde su experiencia personal: "Soy esposa de un efectivo policial con 25 años de servicio".

El eje principal del reclamo es salarial. Cortés rechazó las cifras oficiales sobre los ingresos de la fuerza y puso números concretos sobre la mesa. "Mi marido hoy en mano cobra 1.100.000 pesos", aseguró, y explicó que el básico de un efectivo con 25 años de antigüedad "es de 138.000 pesos". Sobre una oficial ayudante con 22 años de servicio, señaló que "están en 1.200.000, no más de eso".

Frente a las declaraciones de la ministra de Seguridad, quien había señalado que un recién ingresado cobraría 1.400.000 pesos, fue tajante: "La ministra dice que un recién ingresado va a cobrar 1.400.000 en mano. Llevamos todas las pruebas, bonos de sueldo, lo que está cobrando un policía que hoy viste tan noble uniforme y cuida la seguridad de los mendocinos".

También cuestionó las diferencias internas dentro de la estructura policial. "Acá los que cobran bien son los jefes, las cúpulas policiales. Ellos en los últimos años aumentaron más de 1.500.000, cuando a la tropa los últimos aumentos fueron de 25, de 35, no más de 50.000 pesos", afirmó. Y añadió: "La ministra y el gobernador se aumentaron 1.600.000 en menos de 30 días".

El petitorio que encabeza el reclamo fue presentado por la oficial ayudante Alejandra Rey. "Por primera vez en la provincia, una oficial tomó esta posta de ir a ver un aumento salarial", destacó Cortés. Según explicó, la presentación ingresó al Ministerio de Seguridad y luego a Casa de Gobierno, pero "está encajonado en el área del Ministerio y no está siendo respondida".

La dirigente insistió en que el pedido tiene sustento legal. "El personal policial puede solicitar un aumento salarial, lo ampara la Ley 6722, y es lo que está haciendo. Es legítimo su pedido. Así sea uno, así sean diez policías, el personal tiene todo el derecho", sostuvo. Y advirtió que, si no hay respuesta administrativa, avanzarán judicialmente: "Vamos a seguir hasta la Corte donde sea necesario".

Pero el reclamo no se limita a los sueldos. Cortés denunció incumplimientos en la provisión de uniformes y equipamiento. "La ley 6721, artículo 45 inciso 17, dice que el Estado debe proveer un uniforme completo anualmente. La ministra en su gestión no entregó nada", afirmó. El adicional que reciben para indumentaria -entre 26.000 y 30.000 pesos-, según describió, resulta irrisorio frente a los costos reales. "Un borcego sale 150.000 pesos. Si se compra un borcego, no compra nada más".

En cuanto a los chalecos antibalas, puso en duda la magnitud de las entregas oficiales: "De todo lo que ella dice habrá entregado a 100 policías, no a todos los policías de Mendoza".

Otro de los puntos sensibles que mencionó es la organización del servicio. Según explicó, el sistema de consignas judiciales está reduciendo la presencia policial en la calle. "Hoy la policía no tiene personal en la calle. Una dependencia puede tener cuatro efectivos. Uno patrulla solo, otro tiene que ir a cubrir consignas", describió. Y fue más allá: "Estamos sacando un policía de la calle para cuidar a gente que ni siquiera está en la casa. Hay realidades donde están cubriendo domicilios donde los que denunciaron están de vacaciones".

La situación interna, según relató, también se refleja en el creciente número de efectivos que buscan dejar la fuerza. "Hoy fácilmente podemos tener cerca de 250 policías en espera de la baja", aseguró. Denunció demoras de "seis o siete meses" en la tramitación y contó casos concretos: "Cinco ya habían comprado pasajes para Europa y no pudieron viajar porque el Ministerio les demora la baja". Incluso narró un episodio extremo: "Un policía, harto de no tener derecho a descanso, le tiró el chaleco y el arma al jefe en el escritorio. Él quiere la baja y como no se la dan, termina saliendo echado".

En ese contexto, vinculó el malestar con el deterioro de la salud mental dentro de la fuerza, un tema que cobró relevancia tras el suicidio de un efectivo en Santa Fe. En Mendoza, afirmó, la situación está "totalmente abandonada". Si bien existe un fondo destinado a asistencia psicológica, cuestionó su implementación: "Si están tomando ese dinero, pero no está reglamentado cómo se debe acompañar".

Como ejemplo, relató el caso de un efectivo que intentó quitarse la vida en tres oportunidades. "El único acompañamiento que le dan es ‘hacé tu tratamiento y volvé cuando estés bien'", sostuvo.

A la par, describió el impacto económico en la vida cotidiana de las familias policiales. "El 100% de los asociados a la mutual ya no puede seguir sacando préstamos y era su única opción", afirmó. Y graficó la pérdida de poder adquisitivo: "Antes les sobraba un restito; hoy llegan al 10 o al 15 y no existe ese sobrante. Hay faltantes para terminar el mes y por el bono de sueldo no pueden alquilar".

Cortés subrayó que el planteo no surgió al calor del conflicto santafesino. "Este petitorio lo tiene la ministra en su despacho desde el 5 de enero", remarcó, desmintiendo que se trate de una reacción improvisada.

Mientras Santa Fe atraviesa un escenario de máxima tensión, en Mendoza el malestar todavía se expresa a través de familiares y referentes civiles. Pero las palabras de Cortés dejan en claro que el reclamo, según su visión, va mucho más allá de una coyuntura puntual: habla de salarios, condiciones de trabajo y una estructura que -según dijo- "no está escuchando a la tropa".