Cómo es el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela que ya empezó a ejecutarse

El entendimiento energético entre Estados Unidos y Venezuela dejó de ser una hipótesis diplomática y pasó a la fase operativa. En las últimas semanas comenzó a montarse un esquema que permitirá exportar decenas de millones de barriles de petróleo venezolano bajo un sistema de licencias, intermediarios privados y cuentas financieras controladas por Washington, en lo que ya es el mayor rediseño del sector petrolero del país caribeño desde la imposición de sanciones.

El núcleo del acuerdo es la venta de unos 30 millones de barriles de crudo, un volumen que equivale prácticamente a toda la capacidad de almacenamiento que hoy tiene Venezuela. Debido al bloqueo y a la falta de compradores formales, PDVSA se vio obligada a acumular petróleo sin poder colocarlo en el mercado. Si esa situación se prolongara, la empresa estatal debería reducir o incluso detener la producción, con daños técnicos difíciles de revertir. El acuerdo evita ese escenario y le permite vaciar los tanques y sostener la actividad.

La operatoria se canaliza a través de empresas autorizadas por el gobierno estadounidense. Chevron -la única petrolera norteamericana que ya tenía permiso para operar en Venezuela- será uno de los actores principales. A ella se suman grandes traders internacionales como Vitol y Trafigura, que obtuvieron licencias para transportar y comercializar crudo venezolano en el mercado global.

El petróleo no se venderá a precios de remate, como ocurrió durante los años de sanciones más duras. Según las condiciones que se están aplicando, el crudo se comercializará a valores cercanos a los de referencia internacional. Los cargamentos salen directamente de los depósitos venezolanos hacia refinerías de Estados Unidos y otros destinos, y una parte también se destinará a la reserva estratégica norteamericana.

Pero la clave del acuerdo no está solo en el volumen o el precio, sino en el circuito del dinero. Los pagos no ingresan a las cuentas de PDVSA ni del gobierno venezolano. En cambio, se depositan en una cuenta de garantía bloqueada en un banco estadounidense. Desde allí se realiza una distribución estrictamente controlada.

En primer lugar, una parte se utiliza para cubrir costos operativos y, en el caso de Chevron, para cancelar parte de la deuda que Venezuela mantiene con la compañía. Luego, entre 20% y 30% del resto se transfiere al Estado venezolano en dólares, como exigen las leyes locales por concepto de regalías e impuestos. El saldo queda retenido en la cuenta, donde puede funcionar como un fondo de respaldo o como una reserva sujeta a futuras decisiones políticas y legales.

Ese mecanismo implica que Estados Unidos administra de facto el flujo de dólares del petróleo venezolano, algo inédito incluso en comparación con etapas anteriores de sanciones. Además, Washington fijó otra condición estructural: cualquier inversión futura en pozos, oleoductos, plataformas o equipos deberá hacerse con tecnología y bienes fabricados en Estados Unidos, lo que garantiza contratos multimillonarios para la industria energética norteamericana.

Para el sector petrolero estadounidense, el acuerdo abre dos beneficios simultáneos. Por un lado, asegura suministro adicional de crudo pesado, ideal para ciertas refinerías del Golfo de México. Por otro, genera oportunidades de inversión en un país con enormes reservas pero infraestructura deteriorada. Trump llegó a hablar de inversiones por al menos 100.000 millones de dólares, aunque las grandes petroleras todavía se mueven con cautela: Exxon calificó a Venezuela como un destino riesgoso, mientras que Chevron admitió que podría aumentar su producción hasta un 50% en menos de dos años.

Desde la perspectiva venezolana, el acuerdo es una salida mucho más favorable que el esquema de ventas clandestinas que predominó en los últimos años. En lugar de vender petróleo con fuertes descuentos a intermediarios opacos o a China, el país vuelve a colocar su crudo en el mercado formal y recibe dólares líquidos, algo crucial para una economía que enfrenta riesgos de nueva hiperinflación.

Sin embargo, el diseño también deja a Caracas en una posición de fuerte dependencia. Las licencias pueden ser revocadas, los términos comerciales pueden modificarse y el acceso al dinero está sujeto al visto bueno de Washington. El petróleo vuelve a fluir, pero bajo un sistema en el que el control real no está en Caracas, sino en Estados Unidos.

Si este esquema se consolida, no solo redefinirá el sector energético venezolano, sino también el equilibrio de poder sobre la principal fuente de ingresos del país. El petróleo vuelve a venderse, pero ya no en los términos que fijaba PDVSA, sino bajo reglas dictadas desde afuera.

The Economist