Alberto Fernández derogó el decreto de intervención de Vicentin

El mandatario dio marcha atrás con la medida y deja en nada todo lo que anunció durante una conferencia en la que aseguró que había tomado la medida por consejo de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.

El presidente Alberto Fernández derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia que ordenó la intervención de Vicentin. De esta forma, el mandatario dio marcha atrás con todo lo que anunció en una conferencia en la que estuvo acompañado por Anabel Fernández Sagasti y dejará que siga el proceso normal que tenía la compañía antes del decreto.

Después del fracaso de la negociación entre el Gobierno de Santa Fe y la empresa, el mandatario decidió dejar de lado su medida y así debería seguir el concurso preventivo de quiebra, tal cual estaba sucediendo antes de los anuncios que había realizado.

Fernández acusó que "el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía" y "ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019".

Por eso, según el mandatario, "el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".

De acuerdo a lo que explicó a través de su cuenta de Twitter, la intención era "rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo", pero recalcó que también la obligación "es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído".

Fernández aseguró "la intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial".

En otro tuit esgrimió que "en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores".

Finalmente, el presidente escribió que dio "instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado".

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