Álvarez celebró el fallo por los pozos de Agrelo pero advirtió: "Hay 900 hectáreas que podrían quedarse sin agua"

El ex superintendente del Departamento General de Irrigación, José Luis Álvarez, respaldó el fallo de la Suprema Corte de Mendoza que ordena clausurar dos pozos de agua subterránea en Agrelo, pero advirtió que la decisión judicial abre un nuevo frente de incertidumbre: cómo garantizar el abastecimiento hídrico para los emprendimientos productivos que hoy dependen de esas perforaciones.

Según el ex funcionario, la sentencia confirma que las autorizaciones para perforar se habían otorgado de manera irregular y ratifica la decisión que él tomó durante su gestión al frente del organismo.

"Sentí que un poco la institucionalidad de Mendoza volvía", afirmó Álvarez al analizar el fallo que confirmó la legalidad de la decisión que tomó durante su gestión de ordenar el cegado de las perforaciones. Según recordó, cuando se adoptó esa medida en 2012 y 2013 el organismo recibió fuertes críticas por el tiempo que llevó evaluar el caso.

"Nos criticaron muchísimo porque nos tomamos un año para resolverlo. Bueno, la Corte se tomó trece", señaló durante una entrevista realizada por el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post.

El fallo del máximo tribunal provincial ratificó que los permisos para perforar se habían otorgado de manera irregular y ordenó retrotraer la situación, lo que implica el cierre definitivo de los pozos. La sentencia también fijó un plazo de 60 días hábiles para concretar el cegado.

Álvarez recordó que cuando se ordenó el cegado de los pozos, entre 2012 y 2013, la medida generó fuertes cuestionamientos políticos y empresariales.

"Nos criticaron muchísimo porque nos tomamos un año para resolverlo. Bueno, la Corte se tomó trece", señaló.

El fallo del máximo tribunal provincial cerró así un litigio que se extendió durante más de una década y que tenía en discusión la legalidad de las concesiones para explotar agua subterránea en una de las zonas vitivinícolas más dinámicas de Mendoza.

Un fallo que abre nuevas dudas

Aunque celebró la resolución judicial, Álvarez consideró que la sentencia deja interrogantes abiertos. En particular, cuestionó que el tribunal se haya limitado a resolver la disputa administrativa sin profundizar en el contexto político en el que se otorgaron originalmente los permisos.

"La Corte resolvió si el derecho que reclamaban las empresas era legítimo o no. Pero todos sabemos lo que pasó", afirmó.

El ex superintendente recordó que el caso derivó en su momento en un proceso de Jury de Enjuiciamiento contra el entonces titular de Irrigación, Eduardo Frigerio, quien finalmente renunció al cargo en 2011 en medio de fuertes cuestionamientos.

También mencionó que existió una causa penal vinculada al otorgamiento de los permisos, que terminó archivada.

"Yo puse toda la documentación que la Justicia me pidió, pero no tengo la potestad de explicar por qué una causa avanza o no", señaló.

La incógnita del agua superficial

Además de ordenar la clausura de los pozos, parte de la Corte sugirió como alternativa que las empresas puedan acceder a permisos precarios para utilizar agua superficial.

Para Álvarez, sin embargo, esa salida presenta serias dificultades técnicas.

"Del río Mendoza es imposible", afirmó.

El ex funcionario explicó que, por la ubicación de las propiedades, el agua debería ser bombeada desde el cauce, lo que implica obras costosas y complejas desde el punto de vista hidráulico.

A eso se suma otro problema: cualquier nueva asignación de agua superficial implicaría redistribuir el recurso entre usuarios existentes.

"Para entregarle agua a estas empresas se la van a tener que sacar a otros", advirtió.

El impacto productivo

Uno de los puntos que más preocupa al ex titular de Irrigación es el impacto que podría tener la decisión judicial en la producción agrícola de la zona.

Según estimó, unas 900 hectáreas cultivadas dependen actualmente del agua que proviene de esas perforaciones.

"Hay viñedos, nogales y distintos cultivos con riego de alta eficiencia", explicó.

Si los pozos se clausuran en el plazo fijado por la Corte -60 días hábiles- y no se implementa una solución alternativa, esos emprendimientos podrían quedarse temporalmente sin agua.

"En dos meses pueden quedarse sin abastecimiento hasta que hagan las obras necesarias", advirtió.

Un debate pendiente sobre el agua

Para Álvarez, el conflicto también pone en evidencia los problemas estructurales que Mendoza arrastra desde hace años en la gestión del recurso hídrico.

Recordó que en 2016 Irrigación presentó balances hídricos que mostraban la disponibilidad de agua en la cuenca del río Mendoza debido a renuncias de derechos de riego vinculadas a la reconversión de fincas en desarrollos urbanos.

Sin embargo, esos estudios aún no fueron aprobados por la Legislatura.

"Hace diez años que los balances están esperando que los aprueben", señaló.

Según sostuvo, esa demora refleja las dificultades de la política provincial para abordar decisiones estratégicas sobre la administración del agua.

"Creemos que podemos discutir grandes obras o perforar la montaña, pero no resolvemos problemas básicos del sistema", concluyó.