Ya no serán obligatorios las contribuciones patronales a las Cámaras sectoriales
De acuerdo al decreto 149 publicado hoy, el Gobierno nacional eliminó la obligación de aportes a las cámaras patronales, que desde ahora podrán ser voluntarias y podrán suspenderse cuando decida la empresa.
En un nuevo giro en la política laboral argentina, el Gobierno Nacional publicó el Decreto 149/2025, que prohíbe la imposición de contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales dentro de los Convenios Colectivos de Trabajo. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger busca "garantizar la libertad de afiliación y reforzar la autonomía de los acuerdos laborales".
La norma, publicada en el Boletín Oficial este miércoles, 5 de marzo establece que las convenciones colectivas de trabajo ya no podrán incluir cláusulas que impongan aportes económicos a cargo de empleadores que no estén asociados a las entidades empresariales firmantes. Además, se aclara que, en caso de existir contribuciones voluntarias, estas podrán revocarse en cualquier momento mediante una simple comunicación fehaciente.
El Gobierno argumenta que este decreto responde a una serie de reclamos de sectores empresariales que cuestionaban la obligatoriedad de estos aportes. Históricamente, algunos convenios colectivos incluyeron cláusulas que exigían contribuciones a favor de cámaras empresariales signatarias, incluso para aquellas empresas que no eran miembros de dichas entidades.
Además, esta práctica vulneraba principios constitucionales de legalidad y representatividad, además de afectar la autonomía de contratación. "No se puede seguir imponiendo cargas económicas a quienes no eligieron formar parte de una cámara empresarial", señalaron fuentes oficiales.
Impacto en el sector laboral y empresarial
Con esta medida, el Ejecutivo busca modificar el esquema de financiamiento de muchas cámaras empresariales, que en parte dependían de estos aportes. Si bien algunos sectores celebraron la decisión como un avance en la desregulación y la transparencia, otros advierten que podría generar dificultades financieras para las entidades que representan a los empleadores en negociaciones colectivas.
Desde el sector sindical, las reacciones fueron mixtas. Mientras algunos dirigentes expresaron su apoyo a la medida en tanto protege a los empleadores de pagos compulsivos, otros advierten que podría debilitar la estructura de representación empresarial y afectar las negociaciones paritarias.
El decreto entrará en vigencia dentro de 90 días a partir de su publicación, otorgando un período de adaptación a las empresas y asociaciones involucradas.
