YPF en tribunales: Burford sube la presión y el Gobierno habla de hostigamiento
El fondo que lidera el reclamo por la expropiación acusó a la Argentina de retener información clave y pidió sanciones ante la jueza Preska. La Procuración respondió que ya cumplió con el discovery y denunció una maniobra de presión judicial.
En el marco del juicio que se sigue en Estados Unidos por la expropiación de YPF, el fondo de inversión Burford Capital volvió a escalar su estrategia legal y solicitó a la jueza Loretta Preska que declare a la Argentina en desacato, con la imposición de sanciones severas. El planteo se produce dentro de un litigio que ya derivó en una condena de primera instancia por unos 16.000 millones de dólares, monto que supera hoy los 18.000 millones con intereses.
Burford, principal beneficiario del fallo adverso para el país, sostiene que el Estado argentino no entregó información que considera esencial para el desarrollo del proceso judicial. En particular, reclama acceso a correos electrónicos y mensajes de funcionarios actuales y de la gestión anterior, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa, bajo el argumento de que esos intercambios permitirían avanzar en la ejecución de la sentencia.
Desde la Procuración del Tesoro rechazaron de plano la acusación. En un comunicado oficial, aseguraron que la Argentina cumplió "plena y ampliamente" con el proceso de discovery, que incluyó la entrega de más de 113.000 páginas de documentación y declaraciones testimoniales de distintos funcionarios. En ese sentido, calificaron el pedido del fondo como una acción de "hostigamiento" y no como un reclamo procesal legítimo.
El planteo de Burford llega en un momento especialmente sensible para el Gobierno, que busca recomponer el acceso a los mercados financieros internacionales. Una eventual declaración de desacato por parte de un tribunal con jurisdicción en Wall Street implicaría un fuerte revés en ese objetivo y sumaría presión adicional sobre la estrategia económica.
La estrategia del fondo y la respuesta oficial
Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales, el intento de Burford de lograr una sanción de ese calibre enfrenta un camino largo y complejo. Aun así, el fondo solicitó medidas de alto impacto: que se considere "alter ego" del Estado a entidades como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas; sanciones civiles; la presunción de que la evidencia no presentada perjudica a la Argentina; una multa diaria de un millón de dólares y, finalmente, la declaración formal de desacato.
El objetivo de fondo es unificar jurídicamente al Estado con sus empresas para habilitar embargos de activos en Estados Unidos, una táctica que remite a las estrategias utilizadas por los fondos buitre en los litigios de deuda soberana entre 2002 y 2015.
La Procuración, sin embargo, sostuvo que las solicitudes son "intrusivas y desproporcionadas". Además, recordó que, bajo la legislación estadounidense, solo pueden exigirse documentos que estén bajo "posesión, custodia o control" del requerido, condición que no se cumple respecto de cuentas y dispositivos personales de funcionarios. A eso se suma la protección que otorgan las leyes argentinas a las comunicaciones privadas.
El Gobierno también señaló que el propio CEO de Burford habría reconocido ante inversores que su estrategia apunta a "poner arena en los engranajes" de la recuperación económica argentina, una afirmación que fue incorporada como argumento en la respuesta oficial ante el tribunal.
Un escenario judicial más favorable
Desde la Procuración indicaron que el pedido de desacato debe interpretarse en el contexto de una serie de avances recientes que debilitaron la posición procesal de Burford. Entre ellos, mencionaron la audiencia de apelación del fallo condenatorio -que impactó negativamente en la cotización del fondo-, la suspensión de la orden de entrega de acciones de YPF dispuesta por la Cámara del Segundo Circuito, el respaldo explícito de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia por parte de la Justicia de Irlanda.
"A Burford se le van agotando las herramientas para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo extremo, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery", señalaron fuentes oficiales, que interpretan la maniobra como un intento de forzar una negociación desde una posición debilitada.
Según el cronograma judicial, la Argentina presentará su respuesta formal el próximo 19 de febrero. En ese marco, se estima poco probable que la jueza Preska adopte una decisión sobre el pedido de desacato antes de fines de marzo. Mientras tanto, el Gobierno ratificó que continuará colaborando con el proceso "dentro de los límites que imponen la Constitución y las leyes argentinas", mientras se resuelven las apelaciones en curso ante la Cámara del Segundo Circuito.
