Ley de Glaciares: inician las audiencias con 200 expositores presenciales

La Cámara de Diputados debatirá la reforma en dos jornadas, con un esquema mixto que restringe la intervención de los inscriptos pese a la alta demanda.

La Cámara de Diputados realizará este miércoles y jueves las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, con una participación acotada a solo 400 expositores sobre un total cercano a los 100 mil inscriptos, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores.

El oficialismo definió un esquema mixto que contempla 200 oradores presenciales el miércoles y otros 200 de forma virtual el jueves, mientras que el resto de los interesados deberá enviar su postura por escrito o a través de un video.

Además, cada expositor tendrá un máximo de cinco minutos para intervenir, con el objetivo de cumplir con el cronograma previsto. La organización de las audiencias estará a cargo de los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

El esquema limitado fue cuestionado por sectores de la oposición, que reclamaron extender la cantidad de jornadas para permitir una mayor participación. Sin embargo, el oficialismo mantuvo el cronograma original de dos días, definidos en el plenario de comisiones.

En paralelo, la convocatoria también generó controversias en el plano judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, a cargo del juez Enrique Regueira, rechazó una medida cautelar que buscaba suspender las audiencias públicas, al considerar que no se acreditaban los requisitos necesarios para frenar un acto parlamentario.

Entre las entidades que impulsaron este reclamo se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que solicitaron garantizar la participación oral de todos los inscriptos en el debate sobre la norma.

De esta manera, el inicio de las audiencias se da en un contexto de fuerte interés social y tensiones políticas y judiciales, en torno a una ley clave para la protección de los recursos naturales en el país.

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