Compras del Estado en pandemia: que halló el monitoreo de la Fundación Nuestra Mendoza

Desde la Fundación Nuestra Mendoza señalaron que "en el caso de Desarrollo Social no fue posible acceder a información precisa respecto a cómo se distribuyó el alimento comprado entre marzo y diciembre del 2020, ni siquiera a través de un pedido formal de acceso a la información pública".

"Falta de información y elevados precios en las compras públicas de Mendoza", es la síntesis textual del trabajo realizado en su tarea de monitorear las compras del Estado en tiempo de pandemia por parte de la Fundación Nuestra Mendoza.

Consultada por Memo a raíz de la difusión de los altísimos costos que los proveedores le propusieron al Estado nacional en una compra directa de insumos para Gendarmería, el director ejecutivo de la entidad, Facundo Heras, dio cuenta de su último trabajo, que próximamente será contrastado con las autoridades provinciales como ya o hizo con otro anterior el año pasado.

Heras explicó que "el Portal COMPR.AR es una herramienta importante para la transparencia de compras y contrataciones públicas de la Provincia ya que permite visibilizar todas las etapas de un proceso licitatorio que inicia con el llamado a oferentes y termina en la adjudicación".

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"Sin embargo -añadió-  y a pesar de ser obligatoria su utilización desde Julio 2020, muchas compras no pasan por el portal COMPR.AR, ni se publican en otros sitios de acceso público, lo cual impide cualquier tipo de seguimiento ciudadano". 

Sobre esta ausencia de datos que invoca a una sensación inmediata de falta de transparencia, dijo que "los motivos que justifican la falta de utilización de dicha herramienta son diversos", y mencionó entre ellos a "algunas normativas específicas sobre los mecanismos de compra a implementar por los diferentes organismos y las compras realizadas por montos menores a $180.000".

El asunto que sobrevuela esta iniciativa de poner la lupa sobre las compras estatales es que la legislación de "emergencia" encuadrada en la pandemia de coronavirus covid-19, genera características de relacionamiento directo entre proveedores y compradores que se prestan para el malgasto o los sobreprecios, como ya se ha visto a nivel nacional.

De tal modo que, a partir de esa información incompleta, la Fundación Nuestra Mendoza realiza un relevamiento de las compras de alimentos realizadas por dos áreas grandes del gobierno provincial: la DGE y Desarrollo Social en 2020. 

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Heras indicó que, "a priori, para el caso de la DGE, en el portal COMPR.AR se puede acceder únicamente a las compras de leche, pero no hay información referida a los diferentes productos que componen los bolsones de alimentos distribuidos en ese periodo, a pesar de que estas compras representan erogaciones millonarias para el Gobierno de Mendoza".

Agregó que "por otra parte, incluso si todos los procesos de compras fueran correctamente difundidos, es importante investigar también si lo que el Estado adquiere efectivamente llega a quienes lo necesitan de forma justa y equitativa". Por lo tanto, como parte de este mismo relevamiento, "coordinamos junto a otras organizaciones de la sociedad civil mendocina un estudio sobre la distribución de alimentos que compra la Provincia".

Para la Fundación Nuestra Mendoza, sin embargo, "la información sobre distribución de alimentos tampoco se publica". Heras dijo que "tanto es así que en el caso de Desarrollo Social no fue posible acceder a información precisa respecto a cómo se distribuyó el alimento comprado entre marzo y diciembre del 2020, ni siquiera a través de un pedido formal de acceso a la información pública". Como conclusión, "esto implicaría una privación a la ciudadanía de información clave respecto de la realidad de la distribución de alimentos en el contexto de la pandemia".

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A partir de estos resultados preliminares sobre transparencia en la compra de alimentos la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Provincia convocó a las organizaciones de la sociedad civil FEDEM, Banco de Alimentos de Mendoza y AlimenDar a ser "testigos sociales" para la evaluación de las ofertas presentadas referidas a un Acuerdo Marco de compra de Alimentos para consumo humano. 

Estas organizaciones trabajaron en la comparación los precios que ofertan diferentes proveedores al Estado con el precio de mercado minorista actual. La principal observación realizada fue que el precio que se oferta es, en muchas ocasiones, muy superior al precio de referencia del mercado minorista.

Los ejemplos:

  • Berenjena norteña:
    • Precio de referencia por kilo: $33.89
    • Precio ofertado*: $160

  • Milanesa de pollo:
    • Precio de referencia por kilo $376,67 por Kilo
    • Precio ofertado*: $520

  • Zapallito redondo:
    • Precio de referencia: $61
    • Precio ofertado*: $100

  • Lentejas:
    • Precio de referencia: $60,93
    • Precio ofertado*: $151,68

  • Levadura:
    • Precio de referencia: $19.83
    • Precio ofertado*: $49.98

Desde la Fundación Nuestra Mendoza aclararon que "estos son precios ofertados en licitaciones aún no adjudicadas. En algunas ocasiones, existe un único oferente que presupuesta con dichos sobreprecios, por lo que el Gobierno cuenta con escaso margen de maniobra. En otros casos estos precios son solo uno más de varios ofrecidos, por lo que el Estado tiene mayor posibilidad de optar".

Heras sostuvo que "si es que realmente interesa un eficiente y efectivo uso de los recursos públicos, es importante revisar y conocer los motivos detrás de las diferencias de precios y de los pocos proveedores en algunos rubros". 

Por ello, expresó que "las organizaciones de la sociedad civil continuarán trabajando en el tema buscando realizar aportes que promuevan la transparencia en el proceso completo de compra y distribución de alimentos por parte del Gobierno de Mendoza y el mejor uso de los recursos públicos".

Las recomendaciones realizadas al Estado son:

- Que los tiempos de pago a proveedores sean reducidos, a fin de bajar costos e incrementar oportunidades.

- La incorporación de actores de la Economía Social y Solidaria en las compras del Estado para garantizar un uso de los recursos más justo, eficaz y eficiente.

- Generar mecanismos que permitan a la ciudadanía conocer el ciclo completo de la compra pública hasta la distribución.

- Incorporar a la ciudadanía en el armado de pliegos de licitaciones.

- Confeccionar y difundir un Plan Anual de Compras y Contrataciones.

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