Condena sin precedentes: Walter Bento recibió 18 años de cárcel

El tribunal impuso 18 años de prisión al exjuez y penas para familiares, abogados, policías y empresarios por integrar la red de sobornos que operó en Mendoza.

La Justicia Federal de Mendoza dictó este viernes una sentencia de fuerte impacto institucional al condenar al exjuez Walter Bento por encabezar una organización dedicada al cobro de coimas a detenidos a cambio de beneficios procesales. El fallo, considerado inédito en la provincia, cerró un megajuicio que se extendió durante más de dos años y medio y alcanzó a su entorno familiar, abogados, exfuncionarios policiales y particulares.

El Tribunal Oral Federal, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra, impuso a Bento una pena de 18 años de prisión, una multa de $540 millones, el decomiso de la mayoría de sus bienes y la inhabilitación correspondiente para ejercer cargos públicos. Fue hallado culpable como jefe de asociación ilícita, por ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, dos falsedades ideológicas y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

Su esposa, Marta Isabel Boiza, fue condenada a seis años de cárcel, mientras que su hijo Nahuel Bento recibió una pena de cinco años. Ambos continuarán en libertad hasta que la sentencia quede firme.

Ver: El megajuicio contra Walter Bento entra en una etapa decisiva

Todas las condenas del megajuicio

Además del exmagistrado y su familia, el fallo incluyó a los principales integrantes de la estructura:

  • Luciano Edgardo Ortego (abogado): 8 años y 6 meses de prisión por ser organizador de la asociación ilícita y cuatro hechos de cohecho agravado.

  • Jaime Andrés Alba (abogado): 7 años de prisión por organizar la asociación ilícita y un hecho de cohecho agravado.

  • Walter Bardinella Donoso (narcotraficante): 4 años de prisión por integrar la asociación ilícita y tres hechos de cohecho agravado.

  • Gabriel "Moncho" Moschetti (comisario de la Policía de Mendoza): 3 años y 6 meses de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, violación de secretos y de los deberes de funcionario público.

  • Leopoldo Martín Ríos (abogado arrepentido): 5 años de prisión por integrar la asociación ilícita y tres hechos de cohecho agravado.

  • Alejandro Matías Aramayo (abogado arrepentido): 4 años y 6 meses de prisión por ser miembro de la asociación ilícita y dos hechos de cohecho agravado.

En el caso del abogado Francisco "Chato" Álvarez, la fiscalía había solicitado cinco años de prisión, multa e inhabilitación por dos hechos de cohecho agravado.

También fueron condenados quienes pagaron los sobornos:

  • Martín Rodolfo Bazán (policía): 1 año y 6 meses de prisión en suspenso por cohecho agravado.

  • Daniel Martínez Pinto (empresario): 2 años y 6 meses de prisión por cohecho agravado.

  • José María Sanguedolce (comerciante): 2 años de prisión por cohecho agravado.

  • Alfredo Rodolfo Aliaga (aduanero jubilado): 2 años en suspenso por cohecho agravado.

  • Juan Carlos Molina: 2 años en suspenso por cohecho agravado.

  • Eugenio Javier Nasi (transportista): 2 años de prisión por cohecho agravado.

  • Marcos Adrián Calderón (comerciante arrepentido): 1 año en suspenso por cohecho agravado.

  • Ver: El abogado de Walter Bento cargó contra el fallo y anticipó apelaciones: "Esto recién empieza"

La trama investigada

La causa, iniciada en 2021, determinó que Bento lideraba una red que gestionaba pagos ilegales -en dólares e incluso en inmuebles- para obtener arrestos domiciliarios o libertades. El principal intermediario era Diego Aliaga, asesinado en 2020, quien contactaba a los detenidos por causas de contrabando o narcotráfico.

En el juicio se acreditó que las coimas comprobadas rondaron los 1,8 millones de dólares. Otro eje del expediente fue el crecimiento patrimonial del exjuez y de su familia, con viajes frecuentes, compras de propiedades, vehículos de alta gama e inversiones comerciales que no se correspondían con sus ingresos formales.

La defensa sostuvo que se trató de una causa armada con fines políticos para desplazarlo del cargo, argumento que no fue aceptado por el tribunal al momento de dictar la sentencia.

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