Preocupación en Uruguay por derogación de norma de control portuaria argentina

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) de Argentina derogó la Disposición 21/2023, que regulaba las operaciones de transbordo buque a buque ("ship to ship") en las zonas Alfa y Delta del Río de la Plata, áreas estratégicas para el alijo y complementación de carga establecidas por el Tratado del Río de la Plata.

Esa norma preocupa en Uruguay, que se puso en alerta, porque "puede poner en riesgo el medio ambiente y el turismo local", según afirmaron desde la otra orilla del Río de la Plata.

Según publicó el Boletín Oficial de la República Argentina el 1 de agosto esta medida busca agilizar la logística portuaria al reducir requisitos administrativos, pero expertos y autoridades uruguayas advierten que pone en riesgo la seguridad operativa y ambiental, con potenciales consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la industria turística de Uruguay, particularmente en el departamento de Maldonado.

La Disposición 21/2023, emitida en octubre de 2023 por la entonces Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, establecía un régimen específico para las operaciones de transbordo en el ámbito fluvial. 

Según esta norma, las empresas que realizaran estas actividades debían cumplir requisitos estrictos, como presentar un manual de operaciones detallando medidas de seguridad y protección ambiental, y contar además de certificaciones internacionales como ISO 9001, ISO 14000 y ISO 45000 y debían documentar un número suficiente de maniobras previas que garanticen un expertise en la materia(operaciones de Ship to Ship). 

Estas exigencias buscaban uniformar los estándares de seguridad para los trasbordos de hidrocarburos, especialmente petróleo y sus derivados (fuel oil y gas oil), en las zonas de alijo del Río de la Plata, asegurando la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de las operaciones.

Alfa y Delta

Según explicó el diario Correo de Punta del Este, "el Río de la Plata, un corredor fluvial clave para el comercio exterior argentino, es escenario de intensas operaciones de transbordo, especialmente en las zonas Alfa y Delta, designadas para el alijo y complementación de carga. Estas áreas, ubicadas en aguas de uso común y bajo jurisdicción uruguaya, son fundamentales para la transferencia de hidrocarburos entre buques tanque, pero también están próximas a las costas uruguayas, lo que amplifica el riesgo de impactos ambientales transfronterizos.
En los últimos días la Resolución 34/2025 de la ANPYN, dependiente del Ministerio de Economía, derogó la Disposición 21/2023 argumentando que sus requisitos eran redundantes, dado que las operaciones de transbordo ya están reguladas por un marco normativo que incluye la Ley de Residuos Peligrosos (24.051), la Ley de Política Ambiental Nacional (25.675) y las competencias de la Prefectura Naval Argentina en seguridad de la navegación y prevención de la contaminación. La medida se enmarca en la reestructuración del sistema portuario del vecino país dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025, que suprimió la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Administración General de Puertos del vecino país, consolidando las funciones en la ANPYN".

De tal modo, consideraron que esta derogación elimina la obligatoriedad de que las empresas especializadas en transbordos de hidrocarburos operen con certificaciones internacionales y manuales específicos, lo que reduce las garantías de seguridad operativa y ambiental. En contraste, Uruguay mantiene regulaciones más estrictas, como la Disposición DISMAR 173 de la Armada Nacional, que exige la intervención de empresas especializadas en brindar asesoramiento y seguridad para las transferencias de productos petrolíferos, minimizando los riesgos de derrames y contaminación.

Posible impacto

Desde Uruguay señalaron que la derogación de la Disposición 21/2023 ha generado alarma en Uruguay, particularmente en Maldonado, cuyas costas se encuentran a pocos kilómetros de la zona Delta. Estas áreas son especialmente vulnerables a los derrames de petróleo y sus derivados, que podrían tener consecuencias catastróficas para el ecosistema del Río de la Plata y la industria turística uruguaya. 

Un derrame en las zonas Alfa o Delta, bajo jurisdicción argentina, podría convertirse rápidamente en un problema transfronterizo, afectando las costas uruguayas debido a las corrientes del río. La industria turística de Maldonado (Punta del <este, por ejemplo), que atrae a millones de visitantes cada año, depende de la calidad ambiental de sus playas y aguas. 

Un incidente de contaminación podría generar pérdidas económicas significativas, dañar la biodiversidad marina y comprometer la reputación de estos destinos. La falta de requisitos específicos para las empresas que realizan transbordos en Argentina, en comparación con las estrictas regulaciones uruguayas, aumenta el riesgo de incidentes que podrían evitarse con medidas preventivas adecuadas.

Las críticas

La decisión de la ANPYN ha sido criticada por priorizar la desregulación y la agilidad logística por encima de la seguridad ambiental. Expertos advierten que las normativas argentinas vigentes, como la Ley 25.675, y las Disposiciones vigentes de la PNA no cubren con el mismo nivel de detalle las medidas operativas y de prevención exigidas por la Disposición 21/2023. Por ejemplo, la normativa uruguaya establece protocolos claros para la intervención de empresas especializadas en la manipulación de hidrocarburos, mientras que en Argentina, tras la derogación, la supervisión recae principalmente en la Prefectura Naval, cuyas actuales regulaciones no garantizan la seguridad en este tipo de operaciones por serie insuficientes.

"Además, la derogación se produce en un contexto de creciente preocupación por la desregulación ambiental en Argentina. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el gobierno de Javier Milei, ha eliminado otras leyes de protección ambiental, como la Ley de Tierras, lo que ha generado temores sobre un modelo extractivista sin controles adecuados. En el caso del Río de la Plata, la falta de regulaciones específicas para los transbordos de hidrocarburos podría agravar los riesgos en una región de alta sensibilidad ecológica y geopolítica", señaló el diario Correo.