Cornejo define el futuro de Villegas en Irrigación
Gustavo Villegas dio 1,28 g/l, presentó su renuncia y sumó apoyos de regantes. El gobernador demora la decisión en un contexto marcado por antecedentes y el debate por la "doble vara".
El gobernador Alfredo Cornejo enfrenta una decisión incómoda: aceptar o no la renuncia de Gustavo Villegas, consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación (DGI), detenido el 7 de febrero en General Alvear tras un control que arrojó 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre.
El funcionario puso su dimisión a disposición de inmediato y difundió una carta pública en la que reconoció el error y pidió disculpas. No obstante, su salida no fue formalizada y el caso quedó bajo análisis del Ejecutivo provincial.
En la Casa de Gobierno relativizan la situación y aseguran que no se trata de un tema prioritario. Sin embargo, puertas adentro del oficialismo admiten que el episodio genera tensión y que la definición se demoró mientras el caso perdía centralidad en la agenda pública.
La reunión que puede inclinar la balanza
Está previsto que el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, se reúna en los próximos días con Cornejo para abordar personalmente el tema. Además de la renuncia firmada por Villegas, llevará cartas de respaldo suscriptas por referentes de inspecciones de cauce y productores de Real del Padre y San Pedro del Atuel.
El objetivo de Marinelli es que el consejero continúe en funciones. Entre los argumentos que esgrimen sus defensores se destaca que Villegas tiene una gestión valorada en la zona y que, tras el control, no intentó valerse de su cargo. También remarcan que manejaba su vehículo particular y no uno oficial.
Algunos incluso plantean que podría asumir un costo adicional al de la multa ya abonada por su condición de funcionario, como señal de responsabilidad política.
El antecedente de la "no doble vara"
El dilema no es menor para Cornejo. En otras oportunidades se mostró inflexible con funcionarios que fueron sorprendidos al volante bajo los efectos del alcohol. Cuando ocurrió el hecho, el gobernador se encontraba fuera del país y la vicegobernadora Hebe Casado estaba a cargo del Ejecutivo. En ese momento fue categórica: sostuvo que a todos los que infringieron la ley en estas circunstancias se les pidió la renuncia y que no debía existir "doble vara".
Ese posicionamiento condiciona la decisión actual.
Un contexto con antecedentes recientes
El caso de Villegas se suma a una lista de episodios similares en el último año. En enero de 2025, Jorge Teves dejó la titularidad del Ente de Movilidad Provincial tras registrar 1,2 g/l mientras conducía un vehículo oficial. El concejal radical Miqueas Burgoa fue detectado con 1,25 g/l y sin licencia, aunque no abandonó su banca. En San Rafael, el libertario Martín Antolín dio 1,15 g/l en un auto sin patente y evitó la destitución. Y en octubre de 2025, Cristian Ochoa, entonces director de Prensa de Tunuyán, renunció tras un choque con 1,42 g/l en sangre.
Sea cual sea la determinación final, hay un dato político que no pasa inadvertido: el Ejecutivo dejó transcurrir las elecciones municipales -en las que San Rafael fue a las urnas y Cambia Mendoza se impuso al justicialismo de los hermanos Félix- antes de avanzar con una resolución.
Ahora, con los apoyos de los regantes sobre la mesa y la presión por mantener coherencia en el discurso público, la definición de Cornejo marcará si el caso se resuelve con la aceptación de la renuncia o con una excepción que abrirá debate dentro y fuera del oficialismo.
