Denuncian que "Unión por la Patria" recibió aportes irregulares en 2023
La Fundación Directorio Legislativo presentó ante la Justicia una denuncia por presuntas violaciones a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, tras detectar patrones inusuales de donaciones idénticas realizadas el mismo día por empleados de organismos públicos y personas en situación de vulnerabilidad.
La Fundación Directorio Legislativo presentó ante la justicia una denuncia por presuntas irregularidades en aportes políticos efectuados durante las Elecciones Nacionales Presidenciales de 2023. Según el escrito, los hechos podrían configurar infracciones a la Ley N.º 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, que regula la transparencia y legalidad de los aportes a partidos y frentes electorales.
La denuncia, firmada por la directora ejecutiva de la Fundación, María Noel Alonso Murray, detalla que los análisis realizados mediante la herramienta Joining the Dots permitieron detectar patrones de financiamiento "extraordinariamente repetitivos" y potencialmente simulados. La aplicación, desarrollada en 2019 y reconocida por el Fondo Monetario Internacional, cruza grandes volúmenes de datos públicos -como registros de aportes, declaraciones juradas y contratos estatales- para identificar indicios de irregularidades.
El relevamiento realizado por Directorio Legislativo indica que, de un total de 14.213 aportes efectuados por 5.699 personas a partidos nacionales, un grupo significativo de empleados públicos habría destinado contribuciones principalmente al Frente Unión por la Patria (UP). De los 1.068 aportantes identificados como empleados estatales, 704 personas (66%) habrían donado al Frente UP, porcentaje que asciende al 81% si se consideran otros partidos asociados al oficialismo de ese año, como el Frente Renovador y el Partido Justicialista.
Uno de los hallazgos más llamativos se produjo en la ex AFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde 258 empleados habrían realizado 273 aportes, de los cuales 95% eran por exactamente $100.000. Además, 67 de esos aportes se habrían efectuado el mismo día: el 11 de agosto de 2023, lo que según la Fundación constituye un patrón objetivamente improbable y incompatible con la espontaneidad de los aportes individuales.
Un patrón similar se habría detectado en ANSES, donde 51 empleados realizaron 62 contribuciones al Partido Justicialista. De ellas, 46 aportes (75%) eran de $100.000, y el 80% se registró durante la misma semana, entre el 16 y el 22 de noviembre de 2023.
La denuncia también detalla casos de beneficiarios de programas sociales que figuraban como donantes al Frente UP, a pesar de su vulnerabilidad económica. Se identificaron 57 personas inscritas en Potenciar Trabajo, AUH, Progresar y Programa Alimentar que habrían realizado aportes, incluyendo un caso destacado: Maximiliano Miguel Alzogaray, quien en 2023 era beneficiario de Potenciar Trabajo y habría donado $150.000 el 31 de julio al Frente UP.
Según el escrito judicial, estos patrones -aportes idénticos en el mismo día y por empleados de organismos públicos o personas en situación de vulnerabilidad- podrían constituir donaciones simuladas, compulsivas o canalización indebida de fondos, contraviniendo la Ley 26.215, que establece la prohibición de recibir contribuciones forzadas o intermediadas y regula la transparencia en el financiamiento político.
La Fundación acompañó su denuncia con listados documentales que detallan:
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-Aportantes de la ex AFIP y ANSES con montos y fechas de donación.
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-Beneficiarios de programas sociales que habrían efectuado aportes al Frente UP.
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-Aportes individuales de $100.000 realizados por empleados públicos.
En su petitorio, la Fundación solicita que la justicia investigue los hechos, produzca la prueba documental presentada y, de ser necesario, adopte medidas instructorias para esclarecer la verdad de los hechos denunciados.
El caso abre un debate sobre la transparencia del financiamiento político en Argentina, la posible coacción a empleados públicos y la participación de personas en situación de vulnerabilidad en donaciones políticas, elementos que, de confirmarse, podrían derivar en responsabilidad administrativa y penal para los involucrados.